Pablo Rodríguez: “No podemos controlar cada metro de costa, pero sí evitar que falle una sola medida”

Las Palmas de Gran Canaria

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, pasó por los micrófonos de Hoy por Hoy Canarias para abordar algunas de las cuestiones más sensibles que afectan hoy al archipiélago: la seguridad en la costa canaria, la crisis habitacional y la creciente tensión del mercado del alquiler.

Rodríguez comenzó refiriéndose a los recientes fallecimientos por golpes de mar en distintos puntos de las islas. Aseguró que Puertos Canarios “toma todas las medidas que están a su alcance”, pero recordó que el organismo no es quien dirige las emergencias, sino que actúa en coordinación con la administración competente. Insistió en que, cuando se da una situación de riesgo, las decisiones “se toman de manera inmediata, sin escatimar en recursos”, porque la seguridad, subrayó, “es prioritaria”. Respecto a la polémica por una valla abierta en Puerto de la Cruz, afirmó que no consta que esa fuera la causa de la desgracia, y defendió que la comunicación entre ayuntamientos, cabildos y gobierno canario es directa y fluida.

En el caso de Santiago del Teide, donde se retiró una puerta por orden de Costas, el consejero lamentó que Canarias siga sin ejercer por completo sus competencias en el dominio marítimo-terrestre, pese a lo que establece el Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, pidió centrarse en la coordinación y en la prevención, y advirtió de que, aunque se refuercen vallados y señalización cuando así lo dicte la autoridad de emergencias, siempre habrá un margen imposible de controlar ante comportamientos imprudentes en los 1.500 kilómetros de costa del archipiélago.

El consejero cambió después de ámbito, pero no de preocupación: la vivienda. Casi 40.000 contratos de alquiler firmados en 2021 vencerán en 2026, y sobre la posibilidad de forzar una prórroga automática, Rodríguez evitó simplificaciones. Dijo que le inquietan dos escenarios: que el precio del alquiler se dispare aún más y que parte de los propietarios decidan retirar sus viviendas del mercado, reduciendo aún más una oferta ya de por sí escasa. Por eso pidió una fórmula equilibrada que proteja a los inquilinos, pero también permita que los dueños mantengan sus inmuebles en alquiler sin temor a quedar en desventaja. Un equilibrio que, según señaló, ya han trasladado al Ministerio de Vivienda.

Rodríguez también se pronunció sobre el avance del chabolismo en municipios como Arona o en distintas zonas de Gran Canaria. Aseguró que lo ilegal “no se puede permitir” y que las autoridades municipales deben actuar para impedir la expansión de estos asentamientos. Pero insistió en que la intervención no puede quedarse ahí: los servicios sociales, dijo, deben atender a las familias afectadas y ofrecerles alternativas habitacionales reales. Mencionó programas como Progar, destinados precisamente a quienes se quedan sin opciones tras un desahucio, y defendió que las administraciones están obligadas a evitar que alguien considere una chabola como único refugio posible.

El consejero destacó además un cambio de tendencia en la construcción de vivienda. Hasta hace muy poco, Canarias levantaba apenas mil viviendas al año entre públicas y privadas; una cifra completamente insuficiente para un crecimiento poblacional que ronda las 25.000 personas anuales. En 2024, sin embargo, se superaron las 4.000 viviendas nuevas y en 2025 la previsión es rebasar las 5.000. A esto se suma una inversión pública de 300 millones de euros para ampliar en más de 2.000 viviendas el parque de propiedad pública. Un avance “insuficiente todavía”, admitió, pero un paso firme en una estrategia que no ofrece resultados inmediatos, pero que pretende sentar las bases para reducir la emergencia habitacional.

Sobre el debate relativo a los grandes tenedores, recordó que en Canarias más del 90 % de las viviendas está en manos de pequeños propietarios, y que dentro de ese 10 % restante hay empresas públicas o compañías que trabajan con vivienda protegida. Por ello rechazó tratar a todos por igual y planteó que la prioridad debe ser incentivar que la vivienda disponible se destine al alquiler asequible.

El último gran asunto de la conversación fue la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes. Rodríguez confía en que antes de que termine el año llegue una primera respuesta de Bruselas, coincidiendo con la aprobación del primer plan europeo de vivienda asequible. Considera un hito que el Ministerio de Vivienda haya respaldado la estrategia canaria, un paso imprescindible para poder defender esa propuesta en el ámbito europeo. Se están poniendo los cimientos para que cada persona pueda tener “una oportunidad real de encontrar un hogar”, afirmó.