Una señora de 71 años es desalojada del barco en el que vivía

Las Palmas de Gran Canaria

El desahucio de Margarita, una mujer de 71 años sin red familiar, ha sacado a la luz la realidad social que viven decenas de personas en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, donde algunas embarcaciones han sido históricamente usadas como vivienda. En este caso, al llevarse su barco se ha quedado sin su única vivienda. Recuperarlo le costaría unos 4.000 euros, coste al que no puede hacer frente al cobrar una pensión de 600 euros. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabaja para darle una alternativa habitacional de emergencia ante su situación de vulnerabilidad.

La Guardia Civil ha desalojado este martes a Margarita de su barco, Claudine, que era también su vivienda desde hacía cinco años. La actuación se produjo tras casi una hora de conversación y en medio de un importante despliegue policial, con varios vehículos de la Guardia Civil y presencia de la Policía Portuaria. No había comitiva judicial. “La han sacado de su domicilio. Hoy es un día triste, porque a una persona vulnerable la acaban de sacar de su domicilio y la acaban de poner de patitas en la calle, denuncia Antonio Pérez, portavoz de la plataforma Mi Barco, Mi Casa, que se ha concentrado junto a una veintena de personas en el muelle para intentar frenar el desalojo. Un movimiento que aglutina a decenas de propietarios de embarcaciones que están en la misma situación de Margarita.

El caso de Margarita no es aislado. Según los colectivos afectados, unas 200 personas viven actualmente en sus barcos en el Muelle Deportivo y muchas de ellas han recibido notificaciones de desahucio. Ante esta situación, Pérez asegura que Margarita no formaba parte de la plataforma “por desconocimiento” y que eso ha derivado en una situación límite. “Están empezando por las personas más vulnerables”, advierte, al tiempo que alerta de que lo ocurrido hoy puede repetirse con otros residentes del muelle.

Desde el colectivo también cuestionan los argumentos técnicos utilizados para justificar los desalojos, como problemas de flotabilidad, salubridad o la falta de mástil en algunas embarcaciones, que argumentaba la Autoridad Portuaria, ya que “si el problema del barco era un problema de flotabilidad, no entiendo cómo se lo ha empleado llevar dos embarcaciones del muelle deportivo navegando y si el problema era que el barco no tenía mástil pues el barco podía navegar perfectamente si el barco tenía un motor con lo cual yo creo que esas cuestiones técnicas yo creo que se desmontan con bastante facilidad”.

“Dentro de un tiempo aparecerá un grupo de guardias civiles, como ha pasado hoy, policía portuaria, y me intentarán echar de mi domicilio. Lo que ha ocurrido hoy ha sido brutal, porque ha llegado la policía portuaria con un papel notificado hace unos días y sin ninguna representación de un juzgado”, explica Antonio en los micrófonos de la Cadena SER.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, defiende que el desalojo no responde a una cuestión social, sino a motivos de seguridad. “Es una situación desagradable para todos, pero estamos hablando de una embarcación que no cumplía las condiciones mínimas”, afirma. Según explica, el expediente se inició en abril de 2023, cuando se detectaron deficiencias técnicas en el barco de Margarita. “No tenía mástil, no tenía motor y presentaba daños estructurales que suponían un peligro, incluso para ella misma”, señala Calzada. La presidenta subraya que se trata de un desahucio administrativo autorizado judicialmente y que la Autoridad Portuaria avisó previamente a los servicios sociales municipales ante la posibilidad de que la mujer se quedara sin alternativa habitacional. “Nosotros no podemos mirar hacia otro lado si hay un riesgo para la seguridad”, añade.

En cuanto a la cuestión jurídica, ha dicho que “La Ley de Puertos del Estado, desde el conocimiento, desde el estudio, desde el análisis que se ha hecho desde puertos del estado, abogacía del estado, juristas que están relacionados y que entienden con todo esto, se ha entendido siempre que no ampara la residencia permanente en el barco, es decir, una persona que suele ser normal, que está en tránsito, en una marina deportiva, que está viajando, que a lo mejor está tres meses en una mar en un puerto deportivo, puede pernoctar y evidentemente está en su barco, pero no es una residencia permanente”.

Calzada insiste en que el Muelle Deportivo es un espacio de uso público y que la normativa no permite la residencia permanente en embarcaciones. “No se puede hacer un uso privado de algo que es público”, sostiene, recordando que los amarres están sujetos a rotación y a plazos administrativos.

Mientras las administraciones se cruzan responsabilidades y los afectados denuncian falta de sensibilidad social, Margarita ha pasado de vivir en su barco a quedarse sin hogar en cuestión de minutos. Su barco ha sido remolcado y poder recuperarlo del muelle en el que ha sido depositado le costaría unos 4.000 euros. Su caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la vivienda, la exclusión social y el uso de los puertos como último refugio para quienes no encuentran otra alternativa o llevan toda la vida viviendo aquí sin ningún problema

Este conflicto, lejos de cerrarse, amenaza con repetirse en los próximos meses en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria con muchos más usuarios de las instalaciones.