“Vivimos con miedo”: Las familias de un residencial de Siete Palmas piden el cierre inmediato de una clínica hasta que se produzca el fallo judicial

Las Palmas de Gran Canaria

Desde hace más de cuatro años, 26 familias del edificio residencial La Cima, en el barrio de Siete Palmas de Las Palmas de Gran Canaria, viven con una sensación permanente de inseguridad. Un antiguo gimnasio situado en los bajos del inmueble se transformó en una clínica de cirugía estética y con ese cambio comenzó un conflicto que ha entrado en su momento más crítico, ya que el juicio civil ya está visto para sentencia y un informe técnico municipal propone el cierre inmediato del centro por graves deficiencias de seguridad.

Todo comenzó en 2020 sin que la comunidad de propietarios tuviera conocimiento ni diera su consentimiento. Arrancaron unas obras para convertir el local en una clínica de cirugía mayor ambulatoria. Según relatan los vecinos, en voz de José de la Rosa, portavoz, “los trabajos afectaron directamente a elementos estructurales del edificio”, puesto que se perforaron forjados, se abrieron grandes huecos para instalar dos ascensores de camillas, se modificaron los sistemas contra incendios y se realizó una conexión irregular de gases medicinales.

Las consecuencias no tardaron en aparecer. “Durante las obras, las vibraciones provocaron grietas en varias viviendas y desprendimientos en la fachada”, explica. El riesgo llegó a ser tal que fue necesario instalar redes de protección en todo el edificio para evitar la caída de materiales a la calle, que siguen hoy en día. Aun así, pese a las denuncias presentadas ante distintas administraciones, la clínica abrió en enero de 2025. Los vecinos aseguran que lo hizo sin presión suficiente de agua y sin que los sistemas contra incendios estuvieran plenamente operativos.

Durante años, la comunidad ha llamado a todas las puertas posibles. Ahora, tras su insistencia, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un paso decisivo desde el pasado 15 de diciembre, pero sin ejecutarse. Un informe técnico del Servicio de Edificación y Actividades concluye que existen incumplimientos graves en materia de incendios, evacuación, ventilación, almacenamiento de gases medicinales y legalidad urbanística. El documento propone la paralización inmediata de la actividad y advierte de que el centro no dispone de un título habilitante válido. Además, recuerda que el Servicio Canario de Salud declaró en septiembre de 2025 la caducidad de la autorización para realizar cirugía mayor ambulatoria.

Mientras el Ayuntamiento respalda las tesis vecinales, la vía judicial avanza en paralelo. Esta semana, el pasado martes, se celebró el juicio civil entre la comunidad y la clínica, que ha quedado visto para sentencia. Para los vecinos, la cuestión va mucho más allá de un litigio técnico. “Aquí vivimos 26 vecinos con una inseguridad constante. Se han hecho modificaciones estructurales sin nuestro consentimiento y eso ha generado un problema grave de seguridad”, dice De la Rosa que insiste en que nunca fueron informados de las obras y en que la tranquilidad con la que vivían desapareció hace años.“Lo que pedimos es que se restaure el edificio a su estado original, al estado de seguridad que teníamos antes, y que podamos volver a vivir con tranquilidad”, concluye.

Ahora, la decisión está en manos de la jueza. Las 26 familias reclaman el cese de la actividad de cirugía mayor ambulatoria, la restitución de los elementos comunes modificados sin permiso, la reparación de los daños estructurales, valorados en unos 110.000 euros, además de más de 30.000 euros que se han gastado en informes técnicos, y la reposición de los sistemas de seguridad alterados.

Mientras llega la sentencia y el Ayuntamiento decide si ejecuta la suspensión de la actividad, en el edificio La Cima el miedo y la incertidumbre siguen formando parte de la vida cotidiana con sensación de impotencia.