Bajas emisiones
El Enfoque de Francisco Pomares en Hoy por Hoy Tenerife | Cadena SER
Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno ha amenazado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con exigir la devolución de diez millones de euros en fondos europeos si no aprueba antes del 26 de junio la ordenanza de zonas de bajas emisiones. No es solo un conflicto administrativo: es el ejemplo perfecto de una política aplicada sin atender a la realidad territorial.
Santa Cruz no sufre problemas graves de contaminación atmosférica. Los datos lo confirman y los vientos alisios renuevan el aire de forma constante. Aplicar aquí el mismo esquema restrictivo que en Madrid o Barcelona es, como poco, discutible. Más aún cuando el verdadero problema ambiental de Canarias no está en el tráfico urbano, sino en un sistema energético que sigue dependiendo en más de un 80 % de combustibles fósiles. La electricidad que consumen los coches eléctricos se produce, literalmente, quemando fuel.
Además, la principal contaminación visible en la ciudad procede de la calima africana, no de los tubos de escape. Penalizar la movilidad tiene un impacto ambiental mínimo, pero un coste social y económico alto.
Amenazar con retirar fondos ya ejecutados a un municipio que ha gestionado con eficacia las ayudas europeas roza el absurdo. Sin cambiar el modelo energético, la política de bajas emisiones se queda en pura gesticulación administrativa
