Un mayor pone en jaque la remodelación de una residencia: “Nos están quitando la ilusión de nuestra vida”

Santa Cruz de La Palma

El Cabildo de La Palma ha emitido una resolución oficial en la que exige a tres residentes de la tercera planta del Centro de Mayores La Dehesa que abandonen sus habitaciones mañana a las 10:00 horas y advierte que, si no lo hacen voluntariamente, ejecutará un desalojo y traslado forzoso con auxilio de la Policía Local, según consta literalmente en la notificación a la que ha tenido acceso la SER. Una decisión sin precedentes, motivada por la negativa de los residentes a ser trasladados a un centro con habitaciones más pequeñas y menos recursos, de modo temporal, hasta que se puedan acometer unas obras valoradas en seis millones de euros que ampliarían las plazas de modo definitivo.

"Me advierten de que si no lo hago voluntariamente, seré obligado con la policía local y también me advierten de que puedo perder mis derechos residenciales. Eso es completamente irregular. La policía de todo el mundo sabe que solamente puede actuar con un mandato judicial", explica Chema Tante a la SER. "No soy un delincuente ni estoy cometiendo ningún delito y desde luego los derechos residenciales están garantizados y solamente se me pueden quitar por previo expediente después de haberse demostrado en la que se demuestre que haya incurrido en alguna falta. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, son amenazas, son advertencias que no vienen a cuento, pero yo temo que lo hagan", añade.

"Estoy defendiendo la dignidad de los mayores", explica

El Cabildo de La Palma tiene la obligación de declarar en ruina dos plantas de la Residencia La Dehesa para poder ejecutar los fondos Next Generation que permitirían aumentar el numero de plazas. Sin embargo, para eso es imprescindible desalojar esas plantas. A esto se niegan los residentes, "nos quieren llevar a un alojamiento a peor, en malas condiciones, en un edificio vetusto que está a extinguir, es decir, en unas condiciones y sobre todo en unas dimensiones mínimas y yo no voy a aceptar eso", explica Tante a la SER:

"Estoy luchando por mi pero también luchando por los derechos de dieciocho personas a las que ha obligado, presionándolas, a aceptar esa pérdida de derechos", añade. "Son personas que estaban en los últimos años de su vida viviendo plácidamente, bien atendidos, esa residencia funciona perfectamente en ese aspecto, y de repente por una mala decisión administrativa les han quitado la ilusión de la vida porque de estar en una habitación tranquilamente con tus pertenencias, con tu nevera, con tu televisor, que te obliguen a compartir la habitación y no puedes llevarte ni la nevera es realmente, parece una obrería, pero es que estamos hablando de la vida de los últimos años", zanja.