Sobre el decreto que no saldrá

Santa Cruz de Tenerife

No es una buena noticia que te den la razón cuando la razón consiste en constatar que algo que quieres que ocurra no va a pasar. Disculpen el exhibicionismo, pero llevo meses diciendo –y escribiendo- que el decreto que el Gobierno regional prepara afanosamente no va a salir adelante en esta legislatura, que Sánchez no tiene el más mínimo interés en sacarlo. Y no por falta de esfuerzo y voluntad en Canarias, ni siquiera por mala fe en Madrid, sino por una razón más prosaica: la política que se hace hoy es un toma y daca, un forcejeo constante entre lo que sería bueno para los ciudadanos y lo que es conveniente para quienes nos gobiernan, y en este envite no hay incentivos suficientes para que el decreto prospere.

Esta es la obviedad que ayer nos recordó el ministro Torres con sus palabras. Que Madrid solo escucha de verdad cuando le conviene. Y le conviene cuando quien habla cuenta con un grupete de cuatro o cinco diputados propios, disciplinados y capaces de negociar y condicionar mayorías. Mientras el voto del nacionalismo canario siga compareciendo en el Congreso diluido entre partidos estatales, con lealtades repartidas y prioridades ajenas, su capacidad de presión será limitada.

El “decreto canario” no nace para ordenar la acción del Ejecutivo autonómico, sino para exigir al Estado que haga en Canarias lo mismo que ha hecho en otros territorios cuando ha sido necesario: rascarse el bolsillo, adaptar normas, singularizar políticas. Y eso –aquí- no va a pasar.