Sobre los sueldos en los Cabildos

Santa Cruz de Tenerife

Que algo pueda hacerse no significa que deba hacerse. Es una obviedad tan elemental que resulta casi infantil recordarla, pero conviene hacerlo cuando desde algunas instancias políticas se confunde lo que es la capacidad jurídica con la legitimidad. Es lo que ocurre con la decisión de los cabildos insulares, de aprovechar una reinterpretación de su estatus jurídico en base a una sentencia del Constitucional, para sortear el tope salarial que rige para el resto de corporaciones locales.

No quiero ironizar sobre la gimnasia interpretativa que es necesaria para llegar de A (estatus institucional) a Z (nómina), pero el debate sobre este asunto se ha querido encauzar por el terreno de la legalidad, como si ahí residiera la clave del asunto. Y no es así. El problema empieza cuando una doctrina constitucional pensada para reconocer singularidades institucionales se utiliza como palanca para incrementar retribuciones públicas, pero la cuestión no es jurídica, sino ética y política. Y eso es lo que debilita el argumento de pagar más. Cuando la única razón para adoptar una decisión es que puede hacerse, lo más sensato debería ser no hacerla.