Sobre el bloqueo de la construcción

Santa Cruz de Tenerife

En Canarias hay 216.000 viviendas previstas que no se construyen. Siete de cada diez casas proyectadas están bloqueadas. Si ese dato se cruza con otro igualmente revelador -el precio de la vivienda se ha encarecido más de un 50 por ciento en la última década, según el Ministerio- la conclusión es evidente: algo no funciona.

Hemos repetido tanto que el problema es la codicia del propietario, el turismo vacacional o los fondos buitre, que casi hemos dejado de mirar lo estructural. Sin duda, esos factores influyen. Pero ninguno explica que no se construya más. Más de 200.000 viviendas no están bloqueadas por una conspiración especulativa, sino por un sistema que dificulta materialmente su ejecución: hay escasez de suelo y de mano de obra cualificada, encarecimiento de materiales y, sobre todo, un sistema de planeamiento territorial y urbano extraordinariamente intervenido, lento y desconfiado, con planes que tardan décadas en aprobarse, con informes sectoriales interminables, evaluaciones ambientales duplicadas, recursos judiciales que paralizan proyectos durante años y una superposición normativa insular, autonómica, estatal y europea que convierte cada licencia en una carrera de obstáculos.

Canarias no puede construir sin límites. El nuestro es un territorio frágil. Pero entre la barra libre del pasado y el bloqueo crónico actual debería existir un punto de equilibrio. Lo que hoy tenemos no es un modelo garantista, es un modelo paralizante. Y mantener bloqueada la oferta mientras miles de jóvenes no pueden emanciparse y las familias destinan casi la mitad de sus de sus ingresos al alquiler, eso no es prudencia. Es una irresponsabilidad social.