"No lo haríamos con nuestros hijos": piden apartar a una ONG de la gestión de centros de menores migrantes en Canarias

Santa Cruz de Tenerife

La Policía Canaria registró este martes un nuevo centro de acogida de menores migrantes a cargo de la oenegé Quorum Social 77. Las instalaciones se ubican en Puerto de la Cruz, en Tenerife, y en ellas viven actualmente unos 130 niños y adolescentes. La actuación se encuentra bajo secreto de sumario y está dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Como consecuencia de la operación, tres extrabajadores de la entidad fueron detenidos.

La causa nace de una intervención de la dirección general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias según ha explicado su titular Sandra Rodríguez, que pidió a la empresa apartar a dos de sus empleados. Finalmente fueron apartados otros cinco. No es la única operación que se ha llevado a cabo en este marco. En mayo y en julio de 2025 se produjo la clausura de dos de los centros de la ONG en la isla de Gran Canaria, en Santa Brígida y Arinaga. Asimismo, en el mes de noviembre la Policía registró otro espacio ubicado en Puerto del Rosario. Durante las actuaciones se llevaron a cabo distintas detenciones.

El Gobierno rechaza romper los contratos

El Gobierno de Canarias ha decidido mantener los contratos adjudicados a Quorum Social 77. "Cualquier acción que suponga un maltrato o la vulneración (de derechos) de un menor será puesto en conocimiento de quien proceda para que investigue", ha aseverado Rodríguez. Sobre la posibilidad de rescindir los servicios, ha añadido que "cuando haya una sentencia veremos qué sucede, y a medida que vayamos avanzando y vayamos reorganizando los centros tras la contingencia migratoria, analizaremos situaciones".

Es un extremo que ha criticado en la SER el abogado experto en Extranjería Daniel Arencibia. Si bien reconoce el derecho a la presunción de inocencia, cree que esta puede "convivir perfectamente con unas medidas cautelares" basadas en el refuerzo de la vigilancia y la suspensión de los contratos: "El interés superior del menor va por encima de todo, del interés de las oenegés de cobrar un dinero, del interés del Gobierno de Canarias por resolver una forma más cómoda la delegación que hacen del cuidado de esos niños".

Al menos 19 adjudicaciones desde 2020

En el año 2020 se produjo la reactivación de la Ruta del Atlántico que dio lugar a la crisis de los menores migrantes. El ejecutivo autonómico ha llegado a acoger en solitario a más de 5.000 chicos. Desde ese año hasta la actualidad, el Gobierno de Canarias ha adjudicado al menos 19 contratos a Quorum Social 77 para que preste servicios en distintos dispositivos de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados. La inmensa mayoría se han tramitado por la vía de emergencia con procedimientos negociados sin publicidad tal y como queda recogido en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El último expediente que consta se adjudicó en julio de 2024.

El especialista rechaza la postura del ejecutivo al plantear la continuidad del servicio que presta esta entidad hasta que se produzca un fallo judicial: "No lo haríamos con nuestros hijos, no lo haríamos con ciudadanos europeos, pero sí lo hacemos con ciudadanos africanos que no tienen mecanismos para defenderse". Arencibia califica los hechos de un "claro caso de racismo institucional" porque "si cualquier padre se entera de que en el centro escolar en el que está su hijo hay alguien investigado por maltrato o por un comportamiento inadecuado con los niños, no permanece de brazos cruzados esperando a que salga una sentencia dentro de dos años o de diez años en el Tribunal Supremo" sino que exige "medidas de atención cautelar".

La directora general de Protección a la Infancia ha incidido en que, en el caso relativo al centro de Puerto de la Cruz, la investigación surge a raíz de la denuncia de varios usuarios en abril de 2025. "Se hizo como corresponde ante cualquier hecho que pueda suponer un maltrato a menores, comunicándolo a la autoridad judicial para que investigue". Además, ha apuntado que algunos menores han ratificado que el funcionamiento de las instalaciones es en la actualidad "correcto".