Canarias exigirá 12 años de arraigo para acceder a una vivienda pública: ¿Es inconstitucional?
La Plataforma Derecho al Techo exige la retirada del nuevo decreto y cree que es impugnable | Un experto pone luz en el debate: "No veo discriminación por nacionalidad"
ILLUSTRATION - 17 September 2025 (Photo by Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance via Getty Images) / picture alliance
Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias ha aprobado definitivamente el nuevo régimen para acceder al parque público de vivienda. El decreto regulador introduce profundos cambios. El primero de ellos pasa por la eliminación del sorteo para que el azar no determine las adjudicaciones. Se crea un nuevo sistema de baremación sustentado en criterios económicos, sociales y familiares. Sin duda, uno de los requisitos más destacados y polémicos es el del arraigo. A partir de ahora, para poder vivir en una casa pública, será necesario acreditar una residencia en las islas de al menos 12 años de forma continuada o de 15 en caso de residencia discontinua. También se exige, con carácter general, haber vivido o trabajado durante un mínimo de cinco años en el municipio donde se ubique la promoción. "Buscamos garantizar el arraigo y que la vivienda pública sea para los que aquí viven, para los canarios y las canarias que viven en el Archipiélago". Así lo explicaba el consejero del área Pablo Rodríguez.
La inclusión del arraigo ha abierto el debate en el Archipiélago: ¿Es un filtro discriminatorio? Es lo que denuncia, por ejemplo, la Plataforma Derecho al Techo. Su portavoz, Javier Marrero, asegura que es jurídicamente "impugnable" porque un decreto "no puede recortar derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución Española y en la normativa europea". Reclaman que las adjudicaciones se lleven a cabo exclusivamente teniendo en cuenta la vulnerabilidad social y economía. "La vivienda es un derecho, no un privilegio".
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Las críticas de la Plataforma Derecho al Techo a los nuevos criterios para acceder a vivienda pública en Canarias
Sin embargo, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, lo tiene claro: no existe discriminación. El experto explica que lo que establece "literalmente" la norma no es una diferenciación por ciudadanía, región o nacionalidad, sino por tiempo. Y esa es la clave. "Tanto un canario que se haya ido fuera y haya dejado de residir pudiera estar excluido como un murciano que lleve aquí 20 años estaría incluido". Añade que si el texto distinguiera entre canarios y el resto de españoles, o entre nacionalidades dentro de la propia Unión Europea, sí se podría hablar de criterios contrarios a derecho: "Estableciendo un lapso de residencia, yo no veo ningún tipo de inconstitucionalidad".
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Un experto pone luz al debate sobre el arraigo para acceder a una vivienda pública: "No veo inconstitucionalidad"
Más de 30.000 demandantes de vivienda pública
La lista de espera en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida no ha hecho más que crecer en Canarias debido a la crisis y a la escasez de construcción de casas. Hasta mediados del año pasado había inscritas más de 30.000 personas. Los cambios normativos introducidos por el gobierno de Fernando Clavijo incluyen también una simplificación administrativa. Se sustituye la cita previa y la visita presencial por un formulario que puede cumplimentarse de forma telemática para apuntarse en el registro.
Cupos para colectivos prioritarios
El decreto amplía los cupos obligatorios para determinados colectivos. Por ejemplo, se reserva un 10% del total de casas de cada promoción para personas con limitaciones funcionales graves o totales en movilidad o comunicación, un 20% para los jóvenes de hasta 35% y un 10% para los mayores de 65. También se establece un mínimo del 8% para las víctimas de violencia de género y un 1% como máximo para los emigrantes retornados.
