El juez prohíbe la celebración del Carnaval en La Isleta y condena al Ayuntamiento a indemnizar a los vecinos por el ruido

Las Palmas de Gran Canaria

Nuevo varapalo al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que vuelve a dar la razón a los vecinos de la ciudad por las molestias ocasionadas debido al ruido de los principales actos de estas fiestas.

El juzgado de lo Contencioso administrativo de Las Palmas de Gran Canaria (plaza número 5 del Tribunal de Instancia) ha estimado sustancialmente el recurso presentado por doce vecinos del barrio de La Isleta contra el Ayuntamiento y declara nula la resolución que permitía la celebración del Carnaval capitalino de 2024 en la zona del Puerto y su entorno. La sentencia ordena al Consistorio buscar otro lugar donde las fiestas no alteren las condiciones de vida de los residentes y fija una indemnización de 2.000 euro por cada día de las fiestas para cada demandante, más intereses legales. En total cerca de 600.000 euros.

La denuncia se centra en los actos del Carnaval celebrados entre el 25 de enero y el 18 de febrero de 2024 en la zona del Puerto y varios emplazamientos del barrio de La Isleta, entre ellos, la plaza de Belén María, la plaza de Manuel Becerra y la cnocida como la plza de Los Patos, así como sus calles adyacentes. Los recurrentes alegaron que la celebración de estas fiestas había convetido la zona en un "macrobotellón que comienza de día y termina avanza la madrugada, reuniendo a más de 800.000 personas en todos los actos del carnaval" con niveles de música "extremedamente altos", incompatibles con su derecho al descanso y a la inviolabilidad del domicilio.

Además, la sentencia reprocha al Ayuntamiento que "un evento haya sido declarado de interés colectivo no es determinante" cuando se antepone el aspecto económico "para justificar la violacion de un derecho fundamental", un argumento que consiera "inaceptable", por parte del consistorio.

El fallo puede ser recurrido por el Ayuntamiento de Las Pamas de Gran Canaria en apelación ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superiro de Justicia de Canarias.