Sobre la legislación absurda

Santa Cruz de Tenerife

El dictamen del Consejo de Estado sobre el nuevo registro horario digital impulsado por Trabajo es, una pieza casi pedagógica: 106 páginas de advertencias, objeciones y reproches que se resumen en una frase demoledora: “no procede” aprobar el real decreto y conviene “reconsiderarlo en su conjunto”. Traducido al castellano común, lo que eso quiere decir es que la propuesta de Yolanda Díaz para el control de horarios es algo mal hecho.

El caso es paradigmático porque combina muchos de los vicios de una forma de gobernar. Hay una voluntad sobredimensionada de control absoluto -sistemas accesibles en remoto, datos en tiempo real, supuesta imposibilidad de manipulación- que ignora las limitaciones técnicas y los riesgos evidentes en materia de protección de la intimidad No es casual que la Agencia Española de Protección de Datos también haya emitido un informe desfavorable. Y, por supuesto, está la cuestión de fondo: la idea de que el Estado puede y debe intervenir en cada detalle de la actividad económica, regulando no solo los fines, sino también los medios, los procedimientos y hasta las herramientas que deben utilizarse.

Eso no es gobernar mejor. Es gobernar más. Los problemas que derivan de esta hiperactividad normativa no son solo económicos, aunque los costes -como en este caso- resulten evidentes. Cuando se fuerzan los procedimientos, cuando se utilizan reglamentos para innovar donde haría falta una ley, cuando se recurre sistemáticamente a la urgencia para evitar el debate, se erosiona algo más que el sentido común y la confianza. Se erosiona la seguridad jurídica.