Del “vivimos con miedo” al precinto: la clínica Clinoq sigue abierta pese a la orden de cierre

Las Palmas de Gran Canaria

La historia del conflicto vecinal con la clínica Clinoq, en Siete Palmas, no es nueva. Hace apenas dos meses, las familias del residencial donde se ubica el centro denunciaban públicamente que seguían viviendo “con miedo”, después de varios años de pleitos con el dueño del local. Hoy, con una orden municipal de clausura sobre la mesa, la situación ha dado un paso más… pero, según las denuncias, no ha cambiado.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el cierre y precinto del establecimiento situado en la calle Lomo La Plana, tras constatar que carece del título habilitante necesario para ejercer su actividad. La resolución, firmada este 25 de marzo, llega después de que el centro ignorara una orden previa de paralización dictada en febrero y advierte de que la actividad debe cesar de forma inmediata . Sin embargo, sobre el terreno, la realidad parece ir por otro lado.

El denunciante, José David de la Rosa, asegura que la clínica continúa abriendo sus puertas con normalidad incluso después de la orden de precinto. “Sanidad aplica los artículos 31 y 32 en base a mis denuncias y a las resoluciones… y aun así sigue abriendo hoy. Es de traca”, afirma el portavoz este mismo miércoles.

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que retroceder unos meses. En enero, los vecinos del edificio, en SER Las Palmas, alertaban de una situación que arrastraban desde 2020, cuando un antiguo gimnasio fue transformado en clínica. Desde entonces, denunciaban problemas estructurales, grietas en sus viviendas y deficiencias en sistemas de seguridad, además de riesgos asociados a la actividad sanitaria en el inmueble.

Aquella alarma vecinal no era solo una percepción. Un informe técnico municipal ya advertía de irregularidades relevantes, y la autorización sanitaria para determinadas actividades había quedado sin efecto meses antes. El conflicto, lejos de resolverse, fue escalando hasta desembocar en actuaciones administrativas más contundentes.

En paralelo a la actuación municipal, el Servicio Canario de la Salud también ha movido ficha. Tras tener conocimiento de las resoluciones del Ayuntamiento, ha iniciado un procedimiento basado en la posible revocación de autorizaciones y la suspensión del funcionamiento del centro. No obstante, este proceso se encuentra todavía en fase de audiencia al interesado, lo que significa que, por ahora, no existe una resolución definitiva en el ámbito sanitario .

Así, el caso queda atrapado en una especie de limbo administrativo, ya que por un lado hay una orden firme de cierre ejecutable de inmediato; y, por otro, un procedimiento sanitario aún en curso. En medio, la denuncia de que la actividad continúa.

Lo que comenzó como una queja vecinal ha terminado convirtiéndose en un conflicto con implicaciones administrativas y, potencialmente, legales. La clave ahora está en comprobar si, pese a la orden de precinto, la clínica sigue operando, y qué consecuencias podría acarrear ese posible incumplimiento.