Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia: "El sistema de reparación es un triunfo de la sociedad democrática"

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de España, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal Española sellaron este lunes el protocolo para desarrollar el nuevo sistema mixto de reparación a las víctimas de abuso sexual. Comenzará a funcionar el próximo 15 de abril y permite a las víctimas que ya han recurrido al Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA) de la Iglesia acogerse al nuevo mecanismo.

La unidad de víctimas del Defensor del Pueblo estudiará cada caso, escuchará a las partes y hará una propuesta de reparación, ya sea espiritual, restaurativa, simbólica y/o económica, a cargo de la Iglesia. Tendrá un plazo máximo de tres meses y el planteamiento será trasladado a la comisión asesora de la Conferencia Episcopal a través de su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA). El plazo de análisis será de dos meses. Si hay acuerdo se ejecutará la reparación. De lo contrario, se convocará la Comisión Mixta para intentar lograr un acuerdo. Uno de los puntos más importantes del protocolo es que prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo.

Ciro Molina, víctima de abusos sexuales en Tenerife: "Es el principio para empezar a superar"

La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) ha reaccionado con "alegría" al pacto entre las partes. Su portavoz en Canarias y víctima de abusos sexuales por parte del párroco de Tejina en 2003, Ciro Molina, cree que "es el principio para empezar a superar" y "un triunfo de la sociedad democrática". Aunque reconoce que no ha sido un camino fácil y denuncia cierto nivel de resistencia en la Iglesia española: "El Vaticano nos ha apoyado pero la Conferencia ha sido reticente". Ya en 2024, las víctimas trasladaron a la Conferencia sus reivindicaciones, por lo que Molina admite cierta "tristeza" porque hayan pasado dos años más hasta establecer un mecanismo de reparación que considera que tendrá garantías dada la participación del Defensor del Pueblo: "Es importante que la última palabra no la tenga la Iglesia y que pague, aunque sabemos que recibe mucho dinero del Estado".

La Conferencia Episcopal aprobó en 2024 su propio plan de reparación, el PRIVA, sin satisfacer las demandas de las asociaciones que representan a las víctimas. "La Iglesia era juez y parte. Sus pederastas cometían el delito y era la Iglesia la que ponía la pena", lamenta Molina.

Una veintena de centros señalados en Canarias

El Defensor del Pueblo calculó a través de una encuesta de GAD3 que el 1,13% de la población (unas 440.000 personas) ha sufrido abusos sexuales en ámbitos eclesiásticos. A lo largo de la investigación, el equipo de Ángel Gabilondo recibió la denuncia de 487 víctimas. El estudio final señaló una veintena de centros vinculados a la Iglesia en los que se habrían cometido abusos sexuales en Canarias. En concreto, en las islas de La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Uno de los aspectos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia que más inquietud ha generado es que no incluye unos baremos para la reparación económica de las víctimas, aunque tampoco un techo. "Dejar el criterio abierto no es malo, siempre se puede modificar. El problema es que finalmente no se termine pagando", incide el portavoz de ANIR. Y pone como ejemplo a una víctima de abusos continuados durante cinco años en el País Vasco que fue indemnizada con 15.000 euros, una cantidad que no considera "justa". El caso de Ciro Molina ha logrado demostrar, además, una dinámica de ocultación de la pederastia en la Iglesia tinerfeña. Asegura que le gustaría poder recuperar todo el dinero que ha invertido en terapia psicológica desde que fue víctima de abusos sexuales: "También hay que gente que no pudo estudiar y que ahora quiere hacerlo. Que se le pague la matrícula de la carrera".

La asociación define el pacto alcanzado como "un procedente", un antes y un después en el país y anima a las víctimas a ponerse en contacto con su organización o directamente con el Defensor del Pueblo o el Ministerio de Justicia. "Es una oportunidad para las víctimas que siempre han callado o que compartimentaros esto en una gaveta en el cerebro".