La jueza Silvia Muñoz abre diligencias por las multas anuladas en Arrecife
La magistrada asume el caso tras la querella de Fiscalía contra siete trabajadores municipales de la capital de Lanzarote
Imagen de archivo de los Juzgados de Arrecife. / Cadena SER
Arrecife
La plaza número 3 de la sección de instrucción del Tribunal de instancia de Arrecife (antiguo Juzgado de instrucción 3) ha asumido el caso por la querella presentada por la Fiscalía respecto a las multas de tráfico canceladas de forma irregular.
La magistrada Silvia Muñoz ha abierto las diligencias previas 711/26 para investigar estas irregularidades después de que el fiscal Fernando Rodríguez Navarro presentara una querella que fue enviada al Decanato de los Juzgados de Arrecife para su reparto.
Investigación interna
Las irregularidades fueron inicialmente detectadas por la Policía Local de Arrecife, que puso en conocimiento de los responsables municipales la existencia de expedientes sancionadores anulados o cancelados sin expediente administrativo.
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Posteriormente, el alcalde Yonathan de León ordenó en otoño pasado una investigación interna, que dio pie a una auditoria y a varios informes municipales que se enviaron a Fiscalía. La auditoría puso de manifiesto “la existencia de numerosas actuaciones de anulación de expedientes sancionadores realizados en el sistema informático, identificándose los usuarios que habían ejecutado dichas actuaciones”.
El fiscal considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, de malversación de fondos públicos al haber dejado de ingresar el Ayuntamiento 575.583 euros, e incluso falsedad en documento público si las anotaciones en el sistema informático para justificar la anulación de los expedientes no responden a la realidad.
Querella contra siete trabajadores
La Fiscalía se querelló contra siete trabajadores municipales y solicitó varias diligencias de investigación, como la declaración de estas personas en calidad de investigados y la del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, como testigo, al igual que la de los funcionarios que elaboraron los informes administrativos y de los responsables de la auditoría del sistema CGI.
También solicitaba que se enviara el expediente administrativo completo remitido por el Ayuntamiento relativo a las irregularidades detectadas en la gestión de multas y que el Ayuntamiento aportara una relación completa de los expedientes sancionadores anulados o cancelados donde aparezca la fecha, el usuario que hizo la cancelación, el motivo y el importe.
Casi 2.300 multas sin expediente de resolución
Según los informes municipales, hay hasta 2.279 multas sin expediente formal de resolución formal dictada por algún órgano competente. Las anulaciones podrían haber sido realizadas, según el escrito de Fiscalía, por esos siete funcionarios contra los que se querella.
En numerosos casos, no hay soporte documental que justifique anular esas sanciones, ya que hace falta tramitar un procedimiento administrativo que incluya una resolución expresa dictada por la alcaldía.
En muchos casos, según la Fiscalía, para anular la multa se utiliza la expresión “por orden directa del alcalde”, por lo que De León deberá declarar “a fin de esclarecer esta circunstancia”.
