Las razones para el rescate inmediato del Ciclo Integral del Agua en Lanzarote

Arrecife

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha elevado a sus órganos de decisión una propuesta para intervenir temporalmente el servicio público del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa, tras constatar una perturbación grave, continuada y estructural en su funcionamiento. La medida afectaría a la concesión gestionada por la empresa Canal Gestión Lanzarote SAU y se plantea como actuación necesaria para garantizar la continuidad de un servicio esencial.

El informe técnico-administrativo que sustenta la propuesta, al que ha tenido acceso SER Lanzarote, concluye que el sistema de abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización del agua presenta fallos generalizados en todas sus fases, con repercusión directa en la población y sin que el operador haya demostrado capacidad efectiva para revertir la situación por medios ordinarios.

Producción al límite y desaladoras sin margen de respuesta

Uno de los principales focos de preocupación se sitúa en la desalación, base casi exclusiva del abastecimiento insular. Según el documento, las dos grandes plantas, Janubio y Díaz Rijo, acumulan incidencias repetidas, paradas prolongadas y problemas de mantenimiento que han reducido la capacidad de producción en momentos críticos.

La desaladora de Janubio opera desde comienzos de año con una merma cercana al 33% de su capacidad debido a la avería de un equipo esencial que, varios meses después, sigue sin resolverse. A ello se suma la falta de sistemas de reserva, lo que deja al sistema sin margen ante cualquier nueva incidencia.

En el complejo de Díaz Rijo, el informe describe una sucesión de paradas en distintos módulos, con más de un millar de horas de producción interrumpida en apenas tres meses. El Consorcio señala además la falta reiterada de información detallada por parte de la concesionaria, lo que dificulta el control de la situación y la adopción de medidas preventivas.

Cortes de agua convertidos en rutina

El deterioro de la producción se ve agravado por el mal estado de la red de distribución, con niveles de pérdidas superiores al 55%, muy por encima de lo permitido contractualmente. Tras más de una década de concesión, la reducción de fugas no ha avanzado de manera significativa y los recursos humanos destinados a su control se han reducido.

Este escenario ha desembocado en un sistema que funciona mediante cortes programados y no programados, que afectan de forma recurrente a numerosos núcleos de la isla. El informe subraya que estos cortes han dejado de ser excepcionales para convertirse en un elemento estructural del servicio, con interrupciones imprevisibles, falta de información a los usuarios y una creciente sensación de inseguridad en el abastecimiento.

Saneamiento y depuración, también en situación crítica

Las deficiencias se extienden al saneamiento y la depuración, con desbordamientos frecuentes en estaciones de bombeo, vertidos en distintos puntos de la isla y estaciones depuradoras que funcionan al límite de su capacidad. Varias EDAR han sido objeto de expedientes sancionadores por incumplimientos de los parámetros de vertido, y en algunos casos los problemas se arrastran desde hace años.

El informe recoge que instalaciones como Playa Blanca, Arrecife o Tías presentan averías persistentes, mantenimiento insuficiente y episodios reiterados de incumplimiento ambiental, lo que ha afectado también a la reutilización del agua regenerada y ha perjudicado de forma directa a los usuarios agrícolas.

Incapacidad de respuesta del operador

Más allá del diagnóstico técnico, el Consorcio concluye que la situación responde a una deficiencia estructural en la gestión del servicio, caracterizada por la falta de mantenimiento preventivo, retrasos en la reparación de equipos esenciales, carencias organizativas y una respuesta fundamentalmente reactiva ante las incidencias.

El documento destaca que, pese a los requerimientos formales, auditorías externas y advertencias trasladadas desde 2024, la situación no solo no se ha corregido, sino que se ha agravado, consolidando un escenario de inestabilidad operativa incompatible con un servicio público esencial.

Intervención como medida necesaria y proporcionada

Ante este escenario, el informe propone la intervención temporal de la concesión, al amparo de lo previsto en el pliego contractual y la normativa de servicios públicos. La medida permitiría al Consorcio asumir de forma directa la dirección de la explotación, reorganizar recursos, priorizar actuaciones urgentes y restablecer la continuidad del servicio.

La intervención se plantea inicialmente por un periodo de seis meses, prorrogable, mientras se tramita el expediente de resolución contractual. El coste estimado de la actuación, incluyendo refuerzos operativos y un plan de choque para estabilizar el sistema, se sitúa en torno al millón de euros.

El informe concluye que no intervenir supondría asumir un riesgo claro de colapso progresivo del servicio, con posibles efectos en cadena sobre el abastecimiento insular, por lo que considera que la actuación administrativa no solo es viable, sino obligada para la protección del interés general.