El Supremo confirma la condena de Fernando Muguruza en el caso La Loma

Castro Urdiales (Castro Urdiales)

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena del exalcalde de Castro-Urdiales, Fernando Muguruza y la del ex secretario municipal César Sáiz, por el conocido como caso La Loma, aunque ha rebajado la pena al arquitecto y promotor Valentín Galdós.

Muguruza fue condenado en septiembre de 2020 por la Audiencia Provincial de Cantabria a un año de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística.

Al exsecretario municipal le impuso una pena de 2 años de prisión por delito de falsedad en documento público y oficial y como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa de 6 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de Muguruza y de Sáiz contra la sentencia de la Audiencia de Cantabria, que estableció las penas aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a ambos.

En cuanto al tercer condenado, Valentín Galdós Tobalina, quien era administrador de una sociedad inmobiliaria, estima parcialmente su recurso y reduce de 2 años a 4 meses su pena de prisión por delito de falsedad, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. También rebaja de cinco a cuatro meses la pena de multa con cuota diaria de 50 euros.

Muguruza, el ex secretario municipal y el arquitecto y promotor fueron los únicos tres condenados en la macrocausa de La Loma, mientras que diez de los acusados fueron absueltos y a más de 30 se le retiró la acusación al inicio del juicio.

La sentencia de la Audiencia cántabra declaró además la nulidad del Plan Parcial del sector de Suelo Urbanizable No Programado número 12 de Castro Urdiales, así como de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (proyectos de compensación, Urbanización y Licencias de Obras). Y ordenó la demolición de las once viviendas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras, correspondiendo el control y restauración de la legalidad urbanística a los órganos de la administración competentes. Los gastos de demolición deberán ser sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres acusados condenados y con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, según dispuso la sentencia.