La jueza de la trama de las carreteras pide reforzar el juzgado por la instrucción de la causa

Santander

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estudiará el próximo viernes la petición realizada por la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, Mercedes Compostizo para que se refuerce este órgano judicial.

En una comunicación recibida este lunes, 27 de febrero, la magistrada pone de manifiesto que en su Juzgado se está tramitando una causa compleja por la presunta comisión de diversos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación, entre otros.

Esta causa, según destaca Compostizo,“exige numerosas horas de estudio y dedicación, estando pendientes de análisis y valoración miles de documentos”.

Por ese motivo, la magistrada solicita que se designe a un miembro de la carrera judicial para reforzar el Juzgado, de modo que pueda ayudar a la instructora en la llevanza del órgano, celebrando los juicios por delitos leves y haciéndose cargo de aproximadamente la mitad de las diligencias que se tramitan.

Asimismo, la Sala de Gobierno valora solicitar al Gobierno de Cantabria la designación de un funcionario o funcionaria que pueda auxiliar a la gestora del Juzgado que está encargada de tramitar esta causa compleja.

El órgano de gobierno de los jueces en Cantabria tratará este y otros asuntos en la reunión que celebrará el próximo viernes, a las doce y media del mediodía. Será uno de los temas abordará la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que estudia el desarrollo de un plan de contingencia para "recuperar el tiempo perdido" por la huelga de letrados de la Administración de Justicia que se inició hace un mes a nivel nacional, y que ha provocado en la región la suspensión de cerca de mil actos judiciales. Así lo ha anunció la pasada semana el presidente del TSJC, José Luis López Del Moral, quien ha asegurado que en la Sala de Gobierno se llevarán a cabo distintas propuestas para intentar "ponerse al día" tras esta parálisis provocada por la huelga, algo que será "muy complejo".

La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander acusa al jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas de 5 delitos: los de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. Solo por los tres primeros delitos, el acusado podría enfrentarse a una pena de 6 años de cárcel por cada uno de ellos. En el auto se explica cómo favorecía este jefe de Servicio a las empresas implicadas, que son La Encina, Cannor obras y servicios (perteneciente también al grupo La Encina), Rucecan y Api Movilidad.

Miguel Ángel Díez lo controlaba todo, de ahí que en una de las conversaciones intervenidas, uno de los empresarios parece referirse a él como "el capitán". Coordinaba a los licitadores de tal forma que estos se repartían los distintos lotes de una determinada licitación. Lo hacían siendo competitivos únicamente en uno de los lotes y comprometiéndose a que en caso de que su empresa acabase ganando uno de los lotes que no le correspondían según lo pactado, renunciaba al mismo.