El TSJC refuerza a partir de abril y durante tres meses prorrogables el juzgado que instruye la causa de la trama de carreteras
La medida había sido solicitada por la jueza titular
Varios policías en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria durante el registro realizado en febrero. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press
Santander
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha aprobado en su reunión de este lunes, 13 de marzo, la puesta en marcha de una medida de refuerzo en el Juzgado de Instrucción n º 5 de Santander, debido a que este órgano tramita una causa compleja que hasta el momento ha reunido miles de documentos.
La medida, que tendrá una duración de tres meses prorrogables y comenzará el próximo 1 de abril, consistirá en la asignación de una juez de adscripción territorial al Juzgado de Instrucción n º 5, con el fin de que pueda celebrar los juicios por delitos leves y asumir la mitad de las diligencias que se tramitan en este órgano.
Por otro lado, la Dirección General de Justicia ha designado, a petición del Tribunal Superior de Justicia, a una funcionaria para apoyar a la gestora que está encargada de la causa compleja que ha motivado la medida de refuerzo.
El órgano de gobierno de los jueces responde de este modo a la comunicación remitida el pasado 27 de febrero por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción n º 5, en la que ponía de manifiesto que estaba instruyendo una causa compleja por la presunta comisión de diversos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación, entre otros.
Decían en su escrito la magistrada que la causa “exige numerosas horas de estudio y dedicación, estando pendientes de análisis y valoración miles de documentos”, por lo que solicitaba que se designara a un miembro de la carrera judicial para reforzar el Juzgado, además de apoyo en la oficina judicial.
Solicitud de refuerzo
La petición había sido realizada por la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, Mercedes Compostizo para que se refuerce este órgano judicial. En una comunicación recibida el pasado 27 de febrero, la magistrada ponía de manifiesto que en su Juzgado se está tramitando una causa compleja por la presunta comisión de diversos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación, entre otros.
Esta causa, según destaca Compostizo,“exige numerosas horas de estudio y dedicación, estando pendientes de análisis y valoración miles de documentos”.
Por ese motivo, la magistrada solicitaba que se designara a un miembro de la carrera judicial para reforzar el Juzgado, de modo que pueda ayudar a la instructora en la llevanza del órgano, celebrando los juicios por delitos leves y haciéndose cargo de aproximadamente la mitad de las diligencias que se tramitan.
Asimismo, la Sala de Gobierno valoraba solicitar al Gobierno de Cantabria la designación de un funcionario o funcionaria que pueda auxiliar a la gestora del Juzgado que está encargada de tramitar esta causa compleja.
Trama investigada
La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander acusa al jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas de 5 delitos: los de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. Solo por los tres primeros delitos, el acusado podría enfrentarse a una pena de 6 años de cárcel por cada uno de ellos. En el auto se explica cómo favorecía este jefe de Servicio a las empresas implicadas, que son La Encina, Cannor obras y servicios (perteneciente también al grupo La Encina), Rucecan y Api Movilidad.
Miguel Ángel Díez lo controlaba todo, de ahí que en una de las conversaciones intervenidas, uno de los empresarios parece referirse a él como "el capitán". Coordinaba a los licitadores de tal forma que estos se repartían los distintos lotes de una determinada licitación. Lo hacían siendo competitivos únicamente en uno de los lotes y comprometiéndose a que en caso de que su empresa acabase ganando uno de los lotes que no le correspondían según lo pactado, renunciaba al mismo.
