El Ministerio da la autorización administrativa previa al parque eólico de Bustasur
Una inversión prevista de más de 60 millones de euros, las alegaciones al proyecto durante el periodo de exposición pública superaron las 1.200
Imagen de archivo de un aerogenerador / GETTY IMAGE
Santander
El parque eólico Bustatur que promueve Green Capital Power en el municipio cántabro de Las Rozas de Valdearroyo y los burgaleses Alfoz de Santa Gadea y Valle de Valdebezana, ha obtenido la autorización administrativa previa del Ministerio para la Transición Ecológica adaptándose a los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y los aceptados por el promotor, así como al soterramiento de los elementos de evacuación.
El Boletín Oficial de Cantabria recoge hoy la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica que indica que la autorización administrativa de construcción no podrá ser otorgada, ni se podrán iniciar las obras preparatorias de acondicionamiento del emplazamiento en ninguna de las partes de la instalación -ni en el parque de producción ni en las infraestructuras de evacuación, incluidas la conexión con la red de transporte o de distribución-, si el titular no tiene autorización administrativa que recoja las modificaciones recogidas en la declaración de impacto ambiental y del trámite de información pública y consultas.
También es preciso que se haya emitido el informe que valore las capacidades legal, técnica y económica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Con una inversión prevista de más de 60 millones de euros, las alegaciones al proyecto durante el periodo de exposición pública superaron las 1.200.
La Dirección General de Ordenación del Territorio de Cantabria alegó en este parque la existencia de zonas incompatibles para la instalación de aerogeneradores de acuerdo con el mapa de incompatibilidad eólica de la comunidad, que sigue los criterios del Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria (PROT).
En la declaración de impacto ambiental, se estableció que el proyecto debía respetar los criterios de ordenación del territorio y del paisaje indicados por la Dirección General de Ordenación del Territorio de Cantabria.
También se obligaba a suprimir siete aerogeneradores de los quince previstos, a reubicar otros, a elaborar un estudio geotécnico para el proyecto constructivo y a elaborar un proyecto de compensación de impacto en la población, entre otros puntos.