El Parlamento de Cantabria pide un registro que evalúe cómo llega el agua potable a los municipios

Santander

Todos los partidos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE y Vox) han reclamado este lunes al Gobierno de la popular María José Sáenz de Buruaga un registro sobre cómo está el abastecimiento de agua potable a los municipios de la región, en especial en los de montaña y con una infraestructura que no incluye el tratamiento.

La reclamación, propuesta a la Cámara por el PSOE, que ha aceptado una enmienda del PP que cambia el plazo que solicitaban los socialistas (seis meses) por que sí va a iniciarse esa actuación, apunta, sobre todo, los puntos de la comunidad autónoma que carecen de conexión a sistemas de tratamiento y cloración de agua y que puedan está expuesto a un riesgo para la salud pública.

También reclaman los diputados cántabros al Gobierno del PP un plan, en colaboración con todos los ayuntamientos, que garantice el suministro de agua potable, sobre todo en municipios y pedanías del entorno rural por sus dificultades para el abordaje de obras de potabilización, cloración, o distribución de redes de abastecimiento de agua potable entre sus vecinos.

Raúl Pesquera (PSOE) ha explicado que son los municipios pequeños los que tienen más problemas con el saneamiento por la falta de capacidad económica para potabilizar el agua.

Un informe cada tres meses de los fondos UE

Por unanimidad también ha salido adelante otra iniciativa del PRC para pedir al Gobierno de Cantabria que mande cada tres meses un informe con los niveles de ejecución de los proyectos financiados en cada consejería con el Plan de Recuperación y Resiliencia.

La regionalista Paula Fernández y la socialista Ana Belén Álvarez han recordado que el Gobierno anterior PRC-PSOE cumplió con una iniciativa similar aprobada por la Cámara a petición de Vox para remitir informes de ejecución de esos proyectos hasta marzo de este año.

Sin embargo, han criticado que el Gobierno del PP todavía no haya remitido al Parlamento el informe del tercer trimestre del año, que Fernández ha reconocido que sí que está publicado en la web del Ejecutivo sobre los fondos Next Generation.

Según ha detallado Álvarez, este informe refleja que a Cantabria le corresponden 373 millones de euros, de los que se han desplegado 273, con 117 ejecutados, 156 en ejecución y 100 pendientes de ejecución.

De esta forma, en 22 meses se han desplegado el 74 por ciento de los fondos, con un 31,4 por ciento ejecutados y un 41,8 por ciento en ejecución, ha detallado la diputada socialista y ex consejera de Economía con el anterior Gobierno.

El parlamentario popular y alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha defendido la transparencia del Gobierno del PP con los datos de ejecución de estos fondos, que ha asegurado que se seguirán publicando trimestralmente en cumplimiento de esta iniciativa parlamentaria.

Negociación de las oficinas fiscal y judicial

Sin embargo, en esta sesión, PP y Vox han rechazado la petición del PRC de lograr, antes de que finalice este año, un acuerdo sindical que permita la puesta en marcha de servicios comunes en los juzgados de Cantabria como paso previo a la aprobación de los decretos para la implantación de las oficinas fiscal y judicial antes de abril de 2024, una postura que solo ha compartido el PSOE.

El popular Rafael de la Gándara ha afirmado que el PP está de acuerdo en sacar adelante estas dos oficinas, pero ha reivindicado que "si no se ha hecho en los últimos ocho años", en los que gobernaron PRC y PSOE en coalición, "no se puede pedir que en dos meses se cierre un acuerdo".

"Hay que exigir un mínimo rigor jurídico, no se pueden prometer plazos que no se pueden cumplir", ha reprochado a la alcaldesa de Polanco, la regionalista Rosa Díaz, quien ha defendido el trabajo del PRC para poner en marcha ese servicio. "Solo tiene que retomar el trabajo ya avanzado", ha dicho a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP).