Hostelería ve "insuficiente" el decreto de pisos turísticos de Cantabria y pide acotar su actividad a 60 días al año

Santander

La Asociación Empresarial de Hostelería ve "insuficiente" el proyecto de decreto publicado por el Gobierno regional para regular las viviendas turísticas, pide más inspección y sanciones más elevadas, y propone que se limite la actividad a un máximo de 60 días naturales al año.

"Dado que la explotación de la vivienda como alojamiento turístico a terceros tiene una finalidad subsidiaria a su naturaleza principal, esto es, satisfacer las necesidades de vivienda habitual de su propietario, la actividad debe acotarse temporalmente, pues de lo contrario, de nuevo, nos encontraríamos con un vaciado de naturaleza de esta modalidad de alojamiento, entrando en colisión directa con el resto de modalidades, particularmente, los apartamentos turísticos", explica la asociación en sus alegaciones, que ha consultado EFE.

Reclama además que no pueda haber más de una vivienda por titular y que se excluya a las personas jurídicas.

La Asociación de Hostelería pide asimismo que se especifique que no podrán explotarse como viviendas turísticas las viviendas sometidas a régimen de protección pública, y que no puedan dedicarse a ese fin las que estén fuera de ordenación o las ubicadas en inmuebles cuyos títulos constitutivos o estatutos de la comunidad de propietarios contengan prohibición expresa para la actividad de alojamiento turístico.

Por otro lado, por lo que se refiere al informe de compatibilidad urbanística que recoge el decreto del Gobierno, los hosteleros entienden que debe contar con un plano de distribución de la vivienda.

También inciden en que las obligaciones "deberían generalizarse", como es el caso de la suscripción de un seguro de responsabilidad profesional o de actividad, "o concretarse", como la obligatoriedad de contar con un extintor por planta.

Requisitos

Así, con la finalidad de que no puedan incluirse como viviendas de uso turístico inmuebles que no cuenten con los requisitos necesarios para servir a vivienda, para la Asociación de Hostelería, debe incluirse también dentro de la declaración el hecho de contar con la cédula de habitabilidad el inmueble.

También reclama un control "más riguroso" por parte la inspección de turismo, que a su juicio puede realizarse obligando a los titulares de viviendas de uso turístico a presentar cada dos años una declaración responsable.

Además, la Asociación de Hostelería entiende que las viviendas de uso turístico deben tener una dimensión mínima construida de 15 m2 por plaza, conforme a la superficie construida de uso principal que conste en la sede electrónica del Catastro. Y la superficie mínima construida de uso principal será de 30 m2 o, en su defecto, la que determine el planeamiento urbanístico.

También cree esta asociación que deben contar con dos baños si el número de plazas es superior a cinco y con tres baños si el número de plazas es superior a ocho.

Pide que los dormitorios y salones tengan ventilación directa al exterior o a patios ventilados y algún sistema de oscurecimiento de las ventanas.

Las cocinas y cuartos de baños deben tener, para la Asociación de Hostelería, ventilación directa o forzada para la renovación de aire.

Reclaman además los hosteleros que las viviendas estén suficientemente amuebladas y dotadas de los aparatos y enseres necesarios para su uso inmediato y acorde al número de plazas de que dispongan, que cuenten con televisor e información de canales, y tomas de corriente en todas las estancias, y con los suministros básicos que permitan su habitabilidad, tales como electricidad y agua corriente caliente y fría.

También demandan que dispongan de información turística de la zona, áreas de ocio, restaurantes y cafeterías, comercios y tiendas de alimentos, o aparcamientos más próximos a la vivienda, además de los servicios médicos existentes en la zona, medios de transporte urbano y un plano de la localidad.

Los hosteleros plantean que se exhiba, en un lugar visible, el número de teléfono previsto para atender de manera inmediata durante las 24 horas cualquier circunstancia que afecte al alojamiento, además de contar con hojas oficiales de reclamación.

Póliza de seguros

También solicitan que el titular de las viviendas de uso turístico tenga la obligación de tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil profesional que dé cobertura a los riesgos inherentes al desarrollo de su actividad, por una suma, como mínimo, de 200.000 euros.

Y proponen que las personas usuarias deban presentar su documento de identificación a los efectos de cumplimentar el correspondiente parte de entrada.

Inspección e infracciones

La Asociación de Hostelería urge, por otro lado, a que la respuesta que se da por parte de la Administración para luchar contra la actividad clandestina de las viviendas de uso turístico "tenga una mayor respuesta", no sólo agravando o tipificando nuevas conductas relacionadas con ellas como infracciones administrativas turísticas, sino también aumentando el importe de las multas asociados a ella.

A su juicio, "está claro que, dado que el importe sancionador es poco elevado en la comunidad, habrá mayor posibilidad de que proliferen las viviendas de uso turístico clandestinas".

Turismo Rural

La Asociación de Turismo Rural de Cantabria pide equiparar los requisitos de infraestructuras y equipamiento de las viviendas de uso turístico con las de los alojamientos a los que representa y establecer limitaciones por zonas en sus alegaciones al borrador del decreto de la Consejería de Turismo.

También rechaza que se permita que las personas jurídicas puedan ser titulares de viviendas de uso turístico (VUT) porque cree que puede dar lugar a un "oligopolio en el que unos pocos controlan los precios y las disponibilidades".

Así lo recoge el documento de alegaciones de trece páginas que ha dado a conocer a los medios el presidente de la asociación, Jesús Blanco, este lunes, día en el que acaba el plazo para recoger sugerencias para el futuro decreto.

Limitaciones por zonas y temporales

Según la asociación, el Gobierno de Cantabria debe ejercer sus competencias en materia de planificación turística para limitar el número de alojamientos de este tipo en determinadas zonas de la región.

Y además plantea que se dote a los municipios de la capacidad necesaria para limitar en sus planeamientos la oferta por zonas, "justificadamente y de manera proporcional".

En su opinión, se podría contar con la ayuda de la Universidad de Cantabria para hacer un análisis de la capacidad de carga de los municipios".

También propone limitaciones temporales, que no concreta aunque cita el caso de Nueva York, donde la duración mínima es de un mes, y por titular.

Impedir los alquileres por habitaciones, exigir el consentimiento expreso de las comunidades, mayor control en el funcionamiento mediante declaraciones responsables y la suspensión de las licencias de actividad hasta que se subsanen los incumplimientos son otras de sus alegaciones.

La asociación pide asimismo más claridad y concreción en varios artículos del decreto, que remiten a la legislación vigente, especificando las medidas y requisitos de inspección, contra incendios, de la instalación eléctrica y del gas, seguridad estructural, seguridad en áreas comunes las como piscinas, de calidad del agua y control de plagas, cerraduras y seguridad en las puertas, calefacción y agua caliente e insonorización, entre otras.

Igualmente plantea que se especifiquen las obligaciones en el registro de los viajeros y que se incluya un apartado sobre los clientes con movilidad reducida.