Turismo de Cantabria asegura que la consejería hace su parte con los pisos turísticos, pero necesitan "que otros hagan la suya"

Santander

La consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, ha explicado que algunas alegaciones recibidas para el proyecto de decreto que regula la vivienda turística no se pueden aplicar porque la Consejería no es competente, porque atentarían contra el libre mercado o porque no hay capacidad para ello, y ha asegurado que su departamento está haciendo su parte. "Necesitamos que otros entes involucrados hagan la su suya", ha afirmado.

Fernández ha valorado, en rueda de prensa, el proceso de alegaciones para la regulación de las viviendas turísticas en Cantabria que elabora el Gobierno regional.

En esta comparecencia, la consejera ha explicado que hasta el momento se han recibido 56 escritos de alegaciones de asociaciones, instituciones, ayuntamientos, partidos políticos o particulares. "En ningún caso estoy hoy aquí para dar respuesta a alegaciones concretas, pero sí es necesario aclarar algunos conceptos que se están trasladando a la opinión pública", ha dicho, de entrada, Fernández.

Para la consejera, "se han hecho muchos comentarios" sobre el borrador, algunos "lógicos y razonables" y que "serán tenidos en cuenta", pero también otros que suponen "planteamientos de imposible aplicación" y que "pueden confundir a la opinión pública".

Una de las primeras cuestiones que ha aclarado ha sido que hay tres administraciones con competencias: la central, la autonómica y la municipal, y "ninguna puede invadir las de las otras".

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Así, en su caso, la Consejería de Turismo puede fijar los requisitos necesarios para que en la vivienda se preste un servicio turístico de alojamiento "pero poco más".

"Turismo está haciendo su parte, la parte que le compete, pero necesitamos que los demás entes involucrados hagan la suya", ha afirmado la consejera, que ha advertido de que, si no, "servirá de poco".

Lo que no se puede limitar

Además, ha destacado que no se puede perder de vista la directiva europea de servicios que "busca favorecer el libre mercado", imponiendo "una estricta motivación" a cualquier medida que opere para reducir la competencia.

Fernández ha valorado algunas de las cuestiones que se han alegado y que se "han repetido con insistencia".

Una de ellas ha sido la limitación de la actividad de las viviendas de uso turístico a 60 días al año, como ha pedido la Asociación de Hostelería. Y ha explicado que no se ha incluido en el borrador porque "es una medida operante".

Y ello porque no "es posible controlar que se presta el servicio ese número de días". "No tenemos acceso a los datos, los tienen las plataformas y la Agencia Tributaria, y no están obligados a darlos", ha puntualizado.

Además, la vivienda que se alquile y no sea de uso turístico se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es estatal, con lo que Turismo "no tiene competencia".

Tampoco se puede limitar el número de viviendas de cada titular ni dejar fuera de la actividad a las personas jurídicas pues, según la consejera, sería "un límite a la libre actividad de servicios" y a la propiedad privada "inadmisible en derecho", y porque "chocaría con la directiva europea de servicios y la doctrina del Consejo de Estado".

Fernández ha rechazado asimismo que se exija que las viviendas turísticas tengan disponible información de turismo o servicios porque "no se exige al resto de alojamientos turísticos".

Lo que recoge el borrador

Hay cuestiones que sí se recogen en el borrador y que se han alegado, como la necesidad de que las comunidades de vecinos no hayan prohibido que en su inmueble haya viviendas turísticas para iniciar esa actividad, que tengan que tener visible un teléfono para incidencias 24 horas, la obligatoriedad de seguros, o que no puedan destinarse a ese uso viviendas protegidas.

Próximos pasos

Hasta el momento la Consejería de Turismo ha recibido medio 56 escritos de alegaciones, una cifra que la consejera no descarta que aumente, porque puede llegar alguna más enviada por correo postal o registrada en otras administraciones.

A partir de ahora, la Dirección General de Turismo y Hostelería se encargará del estudio, análisis y contestación de cada uno de los escritos recibidos.

La documentación se publicará a lo largo de los próximos días en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, junto con el resto de información de este proceso.

"Tenemos la voluntad de cumplir con lo que nos compete. Cada administración tiene que cumplir con sus responsabilidades", ha insistido Fernández, que ha explicado que se reunirá de nuevo con el sector para buscar el máximo consenso, y que ha confiado en que no haya demoras y la norma pueda salir lo antes posible.

Los que alegan

Sólo cuatro ayuntamientos han presentado alegaciones al proyecto de decreto de vivienda turística del Gobierno: Santander, Torrelavega, Bezana y Riotuerto.

También han alegado nueve asociaciones: la de hostelería, la de turismo rural, la de vivienda de uso turístico, la Asociación Española de Plataformas Digitales, Unión de Consumidores de Cantabria, la asociación vecinal Pombo-Cañadío-El Ensanche, Ecologistas en Acción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la que aglutina a los alojamientos de corta estancia.

Los partidos políticos que han presentado alegaciones han sido: Castro Verde, el PSOE, IU, Unidos por Laredo, Podemos y Cantabristas.

También han participado en este proceso de alegaciones el Colegio de Arquitectos y cuatro empresas de viviendas de uso turístico, además de 32 particulares.