La Audiencia Provincial de Cantabria emite una orden internacional de detección a la prostituta rumana que estafó un millón de euros a un cliente
Condenada a seis años de prisión por un delito continuado de estafa, fue requerida para entrar en la cárcel y no se presentó
Foto de archivo / Cadena SER
Santander
La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una orden internacional de detención para una mujer, natural de Rumanía y que trabajaba en un club de alterne de la región, que fue condenada a seis años de cárcel por estafar casi un millón de euros a un cliente con el que había entablado una relación de "íntima amistad".
Según ha podido saber Europa Press por fuentes conocedoras del caso, fue requerida para entrar en prisión pero no se presentó, y estaría trabajando "en lo suyo" en distintos países europeos. El perjudicado interesó la citada orden, dictada recientemente por la Audiencia.
En la resolución, de la Sección Primera y a la que ha tenido acceso esta agencia, se explica que la condenada no fue localizada en el municipio fijado para notificaciones, por lo que se ignoraba su paradero.
Así, se acordó -en vano- su búsqueda, detención e ingreso en prisión para que cumpliera la condena, por lo que la acusación particular (ejercida por el abogado Mario García-Oliva) interesó este año orden europea de detención y entrega, tal y como finalmente ha acordado la Audiencia, después de que la Fiscalía informase favorablemente.
Juicio y sentencia
La mujer fue juzgada en enero de 2021 en Audiencia Provincial de Cantabria, que tras la vista impuso una condena de seis años de encarcelamiento a la mujer, entonces de 35. La sentencia, por un delito continuado de estafa, fue ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma y por el Supremo.
Los magistrados también establecieron una multa de 4.320 euros y una indemnización de 922.000 euros, la cuantía defraudada a la víctima y que obtuvo con la venta de tres inmuebles y con cinco préstamos que solicitó a un amigo y otros cuatro a bancos.
Se trata de un profesor jubilado al que dejó sin patrimonio tras pedirle a lo largo de tres años distintas cantidades con el pretexto de sufrir enfermedades, operaciones, accidentes o situaciones familiares extremas.
Él se enamoró, ella le pedía dinero
La mujer, que se enfrentaba a siete años de encarcelamiento que pedían la fiscal y la acusación particular, explicó en el juicio que ambos se conocieron en 2015 en el club de alterne donde trabajaba y alegó que él se enamoró y que ella le pedía diferentes sumas para sus "cosas" y sus "gastos". "Él sabía perfectamente que no le engañaba y que me tenía que pagar para estar conmigo. El dinero era para mí", zanjó.
A este respecto, esgrimido en el recurso de casación, los jueces de la Sala Segunda del TS razonaron que los 922.000 euros defraudados se entregaron en distintas cantidades entre 2015 y 2017, lo que supone 307.333 euros anuales y más de 842 por día.
"Nos parece una cantidad más que excesiva, que no encaja con esa prestación de servicios sexuales, que es a lo que trata de reducir la defensa el desembolso hecho por el querellante", sostenían.
Al fijar la condena, la Audiencia tuvo en cuenta la cuantía defraudada, la situación en la que la acusada dejó al perjudicado y la reiteración de los actos, así como "la ficción especialmente reprochable de fingir una amistad íntima, de conseguir que este creyera que se trataba de una relación de especial confianza, y todo ello con el único objetivo de conseguir su criminal propósito".
Relación íntima de amistad
Según los hechos considerados probados, ambos se conocieron en el club de alterne donde ella trabajaba y establecieron "una relación de íntima amistad". Aprovechando esa confianza y "consciente de que el hombre disponía de patrimonio", la mujer urdió "una serie de actuaciones con la finalidad de obtener la mayor cantidad de dinero posible de este".
Así, le fue pidiendo distintas cantidades "con justificaciones que no eran ciertas, como enfermedades, accidentes y situaciones familiares críticas, todas ellas situaciones extremas que requerían de intervención económica para poder solventarse y en especial para curarse".
Entre las situaciones "inventadas", le contó que debía operarse para una extirpación de útero, ovarios y reconstrucción de mamás, y también por un tumor cerebral, así como recibir tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Asimismo, le dijo que el dinero se encontraba en un banco de Rumanía y que había sido objeto de engaños y secuestros.
Con dicho ardid, recibió entre 2015 y 2017 un total de 922.000 euros, y cuando la condenada "tuvo la convicción de que no iba a obtener más beneficios económicos, rompió toda relación con el perjudicado y desapareció de su lugar de residencia habitual".
A día de hoy, el perjudicado no ha recuperado "ni un solo euro" del dinero estafado.