Los regionalistas piden explicaciones al Gobierno de Cantabria sobre su política de externalización de la hostelería
Javier López Marcano, diputado regionalista ha pedido al consejero de Turismo, Luis Martínez Abad que explique las razones al respecto en el próximo pleno del Parlamento de Cantabria
Luis Martinez Abad en la presentación de la polémica adjudicación de SNÖ Hotels para la gestión de La Corza Blanca y de la restauración en Alto Campoo
Cantabria
El diputado y portavoz del PRC en materia turística, Javier López Marcano, ha solicitado que el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad (PP), explique al Pleno del Parlamento "hasta dónde piensa llevar" la política de "externalización" de infraestructuras y servicios turísticos que en su opinión comenzó con el anuncio de privatización de las instalaciones de la Corza Blanca, en Alto Campoo y a la que, según el regionalista, "se suma ahora la contratación de un abogado privado para prestar asistencia jurídica a la empresa pública Cantur, con un desembolso superior a los 70.000 euros".
En un comunicado, López Marcano ha cuestionado además el "reciente gasto de 70.000 euros en una fiesta por todo lo alto para presentar la temporada de nieve de la estación de esquí de Alto Campoo, sin dar a conocer ni los objetivos, ni el perfil de los invitados para los que fue concebido el evento y qué retornos va a reportar a la instalación campurriana".
"Se nos acumulan las dudas y urgen las explicaciones sobre la gestión turística del Gobierno", ha enfatizado el parlamentario, quien este jueves ha registrado en el Parlamento preguntas para que el consejero comparezca y exponga "qué justifica que se asignen a un servicio externo funciones hasta ahora realizaban los departamentos jurídico y de recursos humanos de Cantur, teniendo en cuenta el incremento experimentado por la plantilla de ambos desde que comenzó la legislatura".
Asimismo, pedirá que aclare si considera que dichos departamentos "no tienen capacidad" para desarrollar una política integral de gestión de los recursos humanos y resolver las cuestiones contractuales de los trabajadores de la empresa pública.
También requerirá a Martínez Abad que detalle en qué fundamenta la litigiosidad prevista "si ya había herramientas para prevenirla y atemperarla", como las ofertas de empleo público anual y la de estabilización, "que solucionan la temporalidad recurrente en las contrataciones".
