Cantabria No Se Vende coloca pancartas para exigir a Vivienda que intervenga el mercado

Cantabria

Cantabria No Se Vende ha colocado pancartas junto a la Oficina de la Vivienda situada entre la calle Alta y la rampa Sotileza, para exigir al Gobierno autonómico "que asuma sus competencias" e intervenga el mercado de vivienda "para garantizar ese derecho, porque la especulación está expulsando a la población de sus barrios y pueblos".

Según ha explicado el colectivo en un comunicado, el año pasado se produjeron 257 desahucios en Cantabria, y colocando carteles con la consigna 'Vivienda derecho, no negocio', ha querido visibilizar "que el escudo social del Gobierno central no funciona y que el Gobierno autonómico no está dispuesto a acabar con el negocio de expulsar familias de sus casas".

La plataforma ha señalado que, "dada la absoluta inacción de los gobernantes", han tenido que ser personas solidarias las que hace dos semanas paralizaran el desahucio de una mujer de 77 años y su hijo en la localidad de Sancibrián (Santa Cruz de Bezana), cuando la ONU, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, había requerido su suspensión hasta que se concediera una vivienda social alternativa.

"Frente a la dramática situación que vivimos con la vivienda, el único proceder del consejero Media y la presidenta Buruaga es desestimar cualquier actividad regulatoria para promover una nueva burbuja urbanística", ha denunciado.

También, que "esta apuesta por repetir el modelo urbanístico del pasado" no va a solucionar el problema de la vivienda, sino al contrario porque "construir más para quienes no viven aquí solo empeora la situación", ya que vuelve inasequible la vivienda para la población local, en su opinión. Mientras tanto, Cantabria tiene más de 50.000 viviendas vacías.

A juicio de Cantabria No Se Vende, es necesario "intervenir y no fomentar la burbuja especulativa, que las viviendas de Cantabria sean para vivir en ellas".

La escultura 'Hacia el futuro', del artista portugués Baltazar Torres, también ha sido "respetuosamente intervenida" para denunciar la inexistencia de alquiler asequible en Cantabria para las clases populares.

"Para afrontar esta emergencia habitacional hay que aumentar el parque público, regular el alquiler, desarrollar un plan de recuperación y rehabilitación de viviendas vacías, limitar los apartamentos turísticos, gravar progresivamente la multipropiedad y prohibir el alquiler temporal. Cantabria tiene las competencias para hacerlo, pero hasta el momento ha antepuesto el negocio de unos pocos a garantizar este derecho, fundamental para que todos podamos desarrollar una vida", ha concluido la plataforma.