La ley de vivienda de Cantabria recoge medidas contra la ocupación y no limitará el precio de los alquileres

Santander

La futura ley de vivienda de Cantabria luchará contra la ocupación con medidas como la creación de una oficina para asistir a los propietarios que sufren este fenómeno, y no limitará los precios del alquiler, mientras que fomentará la construcción de vivienda asequible a través de la colaboración público-privada.

Estas son algunas de las medidas que recoge el anteproyecto de ley de vivienda que el Gobierno regional publicará mañana, viernes, en el Boletín Oficial de Cantabria para someterla a información pública hasta el 30 de junio, el doble del periodo legalmente establecido para que los ciudadanos tengan tiempo de pronunciarse.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha presentado en rueda de prensa este anteproyecto que tiene como objetivo mejorar el acceso a la vivienda de Cantabria ofreciendo seguridad jurídica y garantizando la atención a las personas con mayores dificultades, con políticas destinadas al mercado libre y estableciendo, a la vez, un régimen jurídico específico de las viviendas protegidas.

Informes

Una vez superado el trámite de información pública, el anteproyecto de ley seguirá adelante con los informes de las consejerías para llegar, según ha estimado Media, al Parlamento en el próximo periodo de sesiones, donde ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a dialogar para que la norma salga adelante con el mayor consenso posible.

"Queremos aprobar una ley integral y que contemple todas las necesidades que tiene en este momento la población", ha subrayado el consejero, quien ha defendido que la norma "va a defender a los propietarios por encima de los okupas" y buscará que salgan al mercado más viviendas de alquiler, lo que ha criticado, no hace la ley de vivienda estatal.

Roberto Media ha exigido al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, que modifique esa ley estatal que "marca un camino equivocado" con la creación de áreas tensionadas que, ha afirmado el consejero, desincentivan la salida al mercado de viviendas de alquiler y que en Cantabria "no se van a aplicar". "Las medidas tienen que ser positivas que son las que funcionan", ha apostillado.

Medidas antiocupación

En el marco de las competencias autonómicas, Roberto Media ha apuntado que la ley contempla medidas para evitar la ocupación ilegal con protocolos de desalojo inmediato, asistencia jurídica a los propietarios y medidas sociales para garantizar medidas habitacionales alternativas en situaciones de vulnerabilidad real.

Entre esas medidas, ha anunciado la creación "de forma inmediata" de la oficina de apoyo a las víctimas de la ocupación y la inquiocupación, para las que se habilitará un canal de comunicación mediante un teléfono y correo electrónico para su asesoramiento.

La ley articula, además, a los ayuntamientos para que sus policías locales se coordinen con Policía Nacional y Guardia Civil para actuar de forma inmediata en casos de ocupación flagrante para recuperar la vivienda para su propietario.

Y contempla que las personas con una resolución judicial o administrativa en los últimos cinco años por la ocupación ilegal de una vivienda no puedan beneficiarse de ninguna de las ayudas o programas previstos en la ley de vivienda.

Fomento de vivienda asequible

Para el fomento de la vivienda asequible, Media ha señalado que en el caso del alquiler se incorpora a la legislación la fórmula de la colaboración público-privada, que ya se ha puesto en marcha, pero, además, se recupera la figura de la promoción de viviendas a precio tasado.

Esta modalidad, ha recordado, permitirá tener acceso a una vivienda protegida a los ciudadanos que, superando los niveles de renta para ese tipo de viviendas, también tienen dificultades para acceder a una en el mercado libre.

También se buscará movilizar viviendas vacías a través de incentivos fiscales, en una medida que Media ha aclarado que está pensada para propietarios de una segunda vivienda y no para grandes tenedores, que casi no hay en Cantabria, ha puntualizado.

El consejero ha recalcado, además, que los precios los fijarán los propietarios y no el índice de referencia del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que "está completamente desfasada".

También se prevé crear un registro autonómico de vivienda y suelo para conocer la oferta real de viviendas disponibles y el suelo destinado a vivienda protegida, y un registro voluntario de agentes inmobiliarios de la región.

Vivienda rural protegida

La ley incorporará, además, la figura de la vivienda rural protegida, con un plan de vivienda rural, para dinamizar las zonas en riesgo de despoblación.

Para fomentar el acceso a la vivienda en entornos rurales se ofrecerán incentivos económicos, cesión de suelo, fiscalidad favorable y la promoción de la rehabilitación y la regeneración de edificios en los pueblos.

Este modelo está pensado también, según ha señalado Roberto Media, para que los núcleos rurales puedan ofrecer una vivienda asequible a profesionales, como médicos o profesores, para poder garantizar el mantenimiento de los servicios básicos.

Declaración responsable y régimen sancionador

La futura norma extenderá, además, la figura de la declaración responsable, que ya se contempla en la ley de simplificación administrativa, una medida más ágil y basada en la confianza, ha apuntado el consejero, que ha puntualizado "no implica una relajación en los estándares de calidad", para lo que, ha remarcado, que se reforzará el servicio de inspección y supervisión.

Para ello, Media ha avanzado que los funcionarios de la Consejería podrá actuar sin notificación previa y sin revelar su condición para verificar el cumplimiento de la normativa, un modalidad de control que ahora solo se aplica a la banca, ha resaltado.

También ha destacado que se estable un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves y multas de hasta 90.000 euros por destinar una vivienda protegida a uso de alquiler turístico.