La decapitadora de Castro Urdiales no heredará el piso de su pareja

Castro Urdiales (Cantabria)

Carmen Merino, la mujer condenada por matar en Castro Urdiales a su pareja, Jesús María Baranda, cuyo cráneo apareció en septiembre de 2019 en una caja que la sospechosa había entregado meses antes a una amiga para que se la guardase, ha accedido a no heredar el piso de la víctima donde habría tenido lugar el homicidio.

Sin embargo, se opone a abonar los cerca de 21.000 euros que fueron extraídos de la cuenta del fallecido desde su desaparición y hasta el macabro hallazgo, disposiciones que los hijos del hombre -banquero castreño ya jubilado que tenía 67 años- atribuyen a la mujer -sevillana y en prisión desde entonces, cuando tenía 61 de edad-, que niega haber efectuado retiradas de dinero ni haberse beneficiado de ello.

Así se desprende del escrito de contestación a la demanda interpuesta por los descendientes de Baranda contra la 'decapitadora de Castro' por el patrimonio hereditario del difunto. Desapareció en febrero de 2019, fecha en la que situaron el homicidio los forenses a partir del estudio de la cabeza de la víctima (el cuerpo no apareció).

El único vestigio de la muerte fue hallado en un paquete envuelto con papel de regalo y que la acusada había entregado a una vecina y amiga suya para que se lo guardase y con el ruego de que no lo abriera, alegando que tenía dentro juguetes sexuales y que le daba vergüenza que los viera la Guardia Civil en registros del piso tras denunciarse la desaparición de su novio. La investigación apuntó al móvil económico como motivo del crimen.

Testamento

Medio año antes de perderse su pista, en agosto de 2018, el banquero había hecho testamento con el que legaba a quien desde 2011 era su pareja -y ahora condenada por su muerte- la vivienda en la que ambos llevaban varios años residiendo juntos y la instituía además como heredera universal.

Pero los dos hijos de Baranda, a los que dejó la legítima, demandaron juicio oral contra Merino al entender que incurre en causa de indignidad para suceder los bienes del finado, toda vez que en diciembre de 2022 fue condenada por la Audiencia Provincial de Cantabria como autora de un delito de homicidio con la agravante de parentesco, en base al veredicto del jurado popular que enjuició los hechos el mes anterior. Antes de la vista oral, se enfrentaba a 25 años de cárcel que pedía para ella el fiscal por asesinato.

La sentencia, de la Sección Tercera, que incluía una indemnización de 20.000 euros a cada uno de sus dos hijos del fallecido, mayores de edad y con los que no tenía relación, fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria primero y por el Supremo después, con lo que desde verano de 2024 es firme.

La beneficiaria mató al testador

Merino cumple condena en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, donde se encuentra desde los hechos, y sus representantes legales se han allanado a la pretensión de los hijos de Baranda de que ella no se quede con el piso, formulada y aceptada en base a lo establecido en el Código Civil ante condenas como la de este caso (la beneficiaria mató al testador).

"No puede heredar patrimonio alguno del causante, debiéndole ser revocada su condición de heredera universal instituida en testamento", reza la contestación de Merino, en la que reiteró su disposición a entregar la posesión y las llaves del inmueble.

Sin embargo, respecto a las disposiciones y retiradas de dinero de la cuenta corriente de Baranda que se le atribuyen, entre febrero de 2019 (cuando él despareció) y octubre de ese año (cuando ella fue detenida), Merino se opone a restituir en concepto de bien hereditario los 20.906 euros reclamados por los hijos de Baranda al negar que las efectuara o que se beneficiara de ello, "si es que realmente sucedió", apostilla.

Así, tacha de "incierto" que realizara compras en comercios y reintegros en cajeros automáticos de forma continuada con una tarjeta de crédito asociada a la cuenta bancaria de la que era titular el difunto y asegura además Merino que "no hizo uso de ese dinero".

En este sentido, sus abogados niegan que estos hechos consten como probados en la sentencia de la Audiencia cántabra, como se esgrime en la demanda, pues en el fallo judicial "nada se refleja sobre dichas disposiciones o retiradas de dinero", algo que "nunca ha sido objeto de enjuiciamiento", sino que lo que se juzgó fue si Merino causó la muerte a Baranda.