El Tribunal de Cuentas dice que los tres principales ayuntamientos de Cantabria carecen de una política de vivienda integral

Castro Urdiales (Cantabria)

El Tribunal de Cuentas considera que los tres municipios cántabros con mayor población, Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, carecen de una política pública global e integrada de vivienda y las acciones puntuales que han desarrollado ha sido insuficientes para satisfacer la demanda habitacional.

Son las principales conclusiones del informe de fiscalización de las políticas de promoción y gestión de la vivienda en los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023, publicado este martes.

El Tribunal de Cuentas ha examinado en su informe el diseño, ejecución y control de las actuaciones desarrolladas por los tres municipios cántabros con mayor población en un contexto de dificultad de acceso a la vivienda.

Según el tribunal, el aprovechamiento del suelo público para incrementar el parque de vivienda protegida ha sido "muy limitado" y la planificación "presenta debilidades relevantes" en todos los casos.

El Ayuntamiento de Santander, que canaliza su política a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, finalizó dos promociones con 186 viviendas en el periodo fiscalizado.

La política de Torrelavega, señala, ha consistido fundamentalmente en la cesión de suelo al gobierno autonómico para la construcción de vivienda, unos acuerdos que han posibilitado que 58 nuevas viviendas puedan destinarse al alquiler o cesión en uso en el municipio en el periodo analizado.

Peor parado sale el Ayuntamiento de Castro-Urdiales, que no llevó a cabo ninguna actuación en el periodo analizado para incrementar el parque de viviendas de protección pública en su término municipal.

Además, mientras los otros dos ayuntamientos cooperaron en todo momento, Castro Urdiales remitió parcialmente alguna información cuando este órgano acordó la incoación de un procedimiento de requerimiento conminatorio y la imposición de una multa coercitiva a la alcaldesa del municipio, Susana Herrán.

El Tribunal de Cuentas recomienda a Castro y a Torrelavega que realicen estudios de las necesidades habitacionales en su municipio para elaborar un plan de vivienda adecuado.

A Santander y Torrelavega les recomienda regularizar el estado de sus viviendas municipales con fines sociales y a los tres municipios, determinar los terrenos de su patrimonio público del suelo que pudieran destinarse a la construcción de vivienda protegida.

Considera también que la Sociedad de Vivienda y Suelo debe implantar un sistema automatizado de inscripción en los sorteos para evitar solicitudes duplicadas como ha venido ocurriendo.

Cambio de tendencia

La mayor parte de las viviendas promovidas en Santander lo han sido en régimen de venta, aunque durante el periodo analizado se produjo un cambio de tendencia en favor del alquiler con opción a compra.

De las 179 viviendas que en ese periodo estaban a disposición del Ayuntamiento para alquiler social, ocho se encontraban ocupadas ilegalmente y tres necesitaban una reparación, lo que impedía destinarlas a ese fin.

Señala también que el reglamento de estas viviendas, vigente desde 2015, recoge un baremo que no incluye a las víctimas de violencia género.

En Torrelavega, eran cuatro las viviendas ocupadas y tres requerían obras. Además, no disponía de un baremo para la adjudicación de viviendas sociales.

De las catorce que estaban en uso como recurso de carácter asistencial para centros de acogida en este municipio, solo existía expediente de cesión temporal de cinco de ellas y el ayuntamiento desconocía la situación de otra.

En el caso de Castro, el parque municipal de alquiler estaba dotado desde 2007 por ocho inmuebles, ninguno adscrito a fines de emergencia social.

Los tres ayuntamientos analizados suman el 44 por ciento de la población total de Cantabria.