La Fiscalía lamenta la actuación del Icass en la causa de los menores que mataron a su madre en Castro Urdiales

Castro Urdiales (Cantabria)

La Fiscalía de Cantabria ha lamentado que la entidad que asumió la tutela de los menores que mataron a su madre en Castro Urdiales en febrero de 2024, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, vulneró la prohibición de comunicación entre los dos hermanos en la instrucción de la causa, que alargó, además, innecesariamente.

Así se refleja en la Memoria de La Fiscalía correspondiente a 2024, donde se recogen unas reflexiones de la fiscal delegada de menores acerca de ese crimen de Castro, en el que participaron dos menores de edad, de 15 y 13 años en ese momento.

El mayor fue condenado por estos hechos por el Juzgado de Menores a nueve meses y el de 13 años era inimputable.

Sobre este asunto, la fiscal delegada destaca, como aspecto negativo, el tratamiento que a nivel de la prensa nacional se dio a la noticia.

A su juicio, "se dio en muchos casos un enfoque tendencioso y nada objetivo en muchos medios de comunicación".

Critica que se filtrara parte del contenido de las declaraciones del menor investigado "para sostener que los presuntos malos tratos que venían sufriendo ambos hermanos podrían haber originado tan fatal suceso".

Y "lo más grave", en su opinión, fue el hecho de que la entidad pública que asumió la tutela de los dos menores "hizo suya esta versión de malos tratos previos". "Y a nuestro juicio alargó innecesariamente la instrucción con petición de pruebas que no condujeron a nada", recalca.

Añade que "incluso se llegó a vulnerar desde la entidad pública la prohibición de comunicación entre los hermanos durante la instrucción de la causa", lo que llevó a la fiscal a solicitar que la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales fuera formalmente requerida por la jueza de Menores para que se cumpliera esa prohibición.

Condenas

El Juzgado de Menores de Santander condenó en noviembre de 2024 a seis años de internamiento en un centro de menores a uno de los hijos adoptivos de la mujer asesinada el 7 de febrero en su casa en Castro Urdiales. El menor, que en el momento de los hechos tenía 15 años, fue condenado a la pena máxima posible para su edad por los delitos de asesinato y agresión sexual, con la circunstancia agravante de parentesco y sin ninguna atenuante por su estado mental.

Además, se le impuso tres años de libertad vigilada con el contenido educativo que se determinara y se le prohibió acercarse a menos de 300 metros a su padre, sus abuelos y su tío maternos, que ejercieron la acusación particular.

Fue una sentencia de conformidad acordada entre las partes, incluida la familia de la víctima.

El otro hermano, que tenía 13 años, era inimputable al tener menos de 14 en el momento de los hechos.