Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por coacciones a sus compañeros
Funcionaban como un grupo de presión para mantener sus puestos de trabajo
El Palacio de la Justicia de Cantabria. Complejo judicial de las Salesas. Juzgados de Santander. Audiencia Provincial
Torrelavega
El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha declarado la ejecución de la sentencia que condena a prisión a cuatro trabajadoras del laboratorio de anatomía patológica del Hospital de Sierrallana (Torrelavega) como autoras de seis delitos de coacciones hacia compañeros que fueron pasando por el servicio desde el año 2011.
5 años de prisión
La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 3 impone a tres de ellas una pena de cinco años y tres meses de prisión y 14.400 euros de multa como autoras de seis delitos de coacciones.
A la cuarta de las acusadas, la atribuye cinco delitos de coacciones, por lo que la pena para ella es de tres años y medio de cárcel y la misma multa, 14.400 euros.
Además, las cuatro deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria con 7.343 euros a uno de los coordinadores del servicio y a una técnico del servicio, como perjudicados; y las tres primeras deberán indemnizar además a otra de las coordinadoras del laboratorio en 6.281 euros, por los daños sufridos.
Grupo de presión
Según los hechos probados que se relatan en la sentencia, las cuatro mujeres formaron “un grupo ligado por una íntima amistad que funcionaba como grupo de presión y poder sobre el resto de personas que fueron trabajando en el laboratorio de anatomía patológica del hospital de Sierrallana”.
“Para conseguir el ejercicio de su voluntad en la forma de realizar y organizar el trabajo, fueron excluyendo y hostigando a todos aquellos que no quisieran seguir sus directrices”.
Así, las cuatro acusadas “han logrado consolidar su puesto de trabajo” en el laboratorio, y ello “debido a su actuación conjunta, que ha llevado a otros trabajadores, con mejores puestos en las listas de contratación que ellas, a cesar o rechazar contratos a fin de evitar padecer la presión y hostigamiento en el trabajo”.
La magistrada destaca que su actitud fue especialmente “beligerante” con los coordinadores del servicio, de quienes desoían sus directrices, les ridiculizaban o desprestigiaban su trabajo.
Su actitud hacia el resto de compañeros que les resultaban “un estorbo” fue la de faltar al respeto “de manera constante”.
Conocido por el hospital
En definitiva, considera acreditada la sentencia la existencia de un “grave conflicto” que viene “de años atrás y que era plenamente conocido en todo el hospital”, ya que “ha llegado hasta las más altas instancias, tales como gerentes, jefes del servicio, de sección y directores médicos, así como al servicio de prevención de riesgos laborales”.
“Pese a ello, de manera incomprensible para esta juzgadora, no se ha adoptado ninguna medida efectiva ni adecuada para poner fin a la situación”, añade.
La magistrada declara firme la sentencia y da un plazo de 10 días a las acusadas sobre la procedencia de la suspensión de las penas, sobre la modalidad o modalidades de suspensión de las penas privativas de libertad que soliciten.
