La hostelería de Santander tendrá que cerrar las terrazas a las 00.30 horas

Santander

El Ayuntamiento de Santander propone que la hostelería cierre las terrazas a las 00.30 horas en su proyecto de nueva ordenanza, que además introduce una limitación visual de estos espacios mediante marcas en el suelo, una mayor "facilidad" en los trámites administrativos y un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros.

Además, el horario se amplía durante la Semana Grande hasta las 2.30 horas, según ha avanzado la alcaldesa, Gema Igual, que ha presentado este martes el texto junto al concejal de Turismo y Dinamización Social, Francisco Arias.

La actual ordenanza, que data de 2013, recoge que los establecimientos de hostelería pueden tener abierta la terraza hasta la hora de cierre del local.

El texto se publica hoy en la web municipal para recibir sugerencias de los ciudadanos, después se tendrá que aprobar en la Junta de Gobierno Local -la alcaldesa espera que a "últimos de año"-, habrá 10 días para que los grupos municipales presenten enmiendas, se aprobará en comisión y llegará al pleno, paso previo a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y a 30 días posteriores de alegaciones.

Con todo ello, la alcaldesa prevé que se apruebe en la primavera del año que viene, si bien ha matizado que dependerá del número de alegaciones que reciba el texto. "Presumo que van a ser muchas", ha apostillado.

Aceras de mínimo tres metros

Según ha explicado la alcaldesa, el texto busca ordenar el uso del espacio público, mejorar la accesibilidad y ofrecer un marco "estable y claro" para los establecimientos, al tiempo que proteger el descanso y la convivencia vecinal.

Entre otras novedades, además del horario, que el Ayuntamiento podrá reducir en zonas especialmente sensibles, están la limitación de aforos, la delimitación de la superficie autorizada mediante marcas en el suelo, y un refuerzo de las condiciones de accesibilidad y seguridad para evitar la ocupación de pasos peatonales, accesos a viviendas, vados o zonas reservadas.

Las terrazas tendrán que instalarse en aceras de mínimo tres metros, ya que la Ley de Accesibilidad obliga a separarlas 50 centímetros de la fachada y a que quede 1,8 metros de paso.

Además, la nueva normativa simplifica procedimientos administrativos, elimina la obligación de renovar cada año las autorizaciones y fija condiciones precisas sobre ocupación, horarios y mantenimiento.

La propuesta del Ayuntamiento establece dos tipos de autorizaciones: permanentes e indefinidas y de temporada, comprendida entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. Con ello, se busca reducir cargas administrativas sin disminuir el control municipal, preservando la posibilidad de revocación por razones de interés público, obras o eventos.

El texto regula también la disposición de las terrazas en plazas, parques y zonas peatonales, donde los servicios técnicos municipales elaborarán un estudio global que determine la superficie total disponible y su distribución entre establecimientos.

Se establecen, asimismo, criterios específicos para calles semipeatonales, con obligación de retirar el mobiliario en los periodos de circulación de vehículos.

Calidad, accesibilidad y ruido

La ordenanza también eleva las exigencias en materia de calidad, accesibilidad y reducción del ruido.

Cada terraza deberá disponer, como mínimo, de una mesa accesible por cada seis, y el mobiliario deberá ser apilable, resistente y de fácil limpieza.

Se permiten sistemas de nebulización, y las patas de las mesas y sillas deberán llevar gomas para minimizar ruidos por al arrastrarse.

También se obligará a colocar una papelera por cada diez mesas, quedando prohibido acumular productos o residuos junto a la terraza.

Asimismo, se prohíben mostradores, barras y elementos de cocina en la vía pública, con la única excepción del Barrio Pesquero, por su carácter "tradicional".

Se veta la instalación de equipos de música o televisores con sonido, aunque permite pantallas con el audio desactivado.

Y se exige a los hosteleros mantener las condiciones de limpieza, seguridad y ornato de la instalación y su entorno, retirar el mobiliario al cierre evitando ruidos, y retirar la terraza completamente si el establecimiento permanece cerrado más de una semana.

Además, la documentación deberá estar siempre visible y disponible para los servicios de inspección.

Hasta 3.000 euros de multa

El régimen sancionador se estructura en tres niveles: infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 3.000 euros.

Se prevén sanciones accesorias como la retirada de la autorización o la inhabilitación temporal para nuevas solicitudes.

Entre las infracciones más graves se incluyen la instalación no autorizable, el funcionamiento sin seguro o los incumplimientos reiterados que generen molestias graves.

Y se contemplan medidas cautelares y multas coercitivas reiterables para garantizar el cumplimiento.

La ordenanza incorpora disposiciones adicionales que permitirán autorizar cierres con mamparas caso por caso, coordinar ocupaciones en espacios con competencias compartidas y aplicar un régimen transitorio de seis meses para la adaptación de las terrazas existentes