El Ayuntamiento de Castro Urdiales deberá pagar a una funcionaria el salario por hacer una labor superior

Castro Urdiales (Cantabria)

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Castro Urdiales a abonar la diferencia salarial a una auxiliar administrativa que, al menos desde 2009, estaba acometiendo labores superiores a su categoría profesional.

La sentencia, facilitada por CSIF, reconoce que la demandante desarrolla "funciones superiores propias de la categoría de administrativo porque el ayuntamiento lo necesita", y que "no se trata de trabajos encargados puntualmente".Y valora como prueba determinante un informe de la Secretaría del Ayuntamiento, así como declaraciones testificales.

Por ello, obliga al Consistorio a pagar las diferencias retributivas correspondientes a los últimos cuatro años no prescritos, más los intereses legales, desde junio de 2024, fecha de la reclamación.

Además, el Juzgado impone al Ayuntamiento el pago de las costas procesales hasta un máximo de 500 euros.

CSIF asistió legalmente a la funcionaria

CSIF, que ha asistido legalmente a la funcionaria en la demanda, ha explicado en un comunicado que no se puede permitir que la administración se beneficie de "forma continuada" del trabajo en funciones superiores "sin reconocer el derecho a una retribución justa".

Por ello, el sindicato valora esta sentencia "como un precedente muy relevante" y anima a todos los empleados públicos a acudir a los tribunales si se encuentran en situaciones similares.

Funciones propias del puesto de administrativo

Para la organización sindical, la auxiliar administrativa (C2), adscrita al departamento de Recursos Humanos, estaba realizando de "manera constante, habitual y reconocida" funciones propias del puesto de administrativo (C1), sin que el Ayuntamiento procediera "ni a la formalización del nombramiento, ni al abono de las diferencias retributivas correspondientes".

Ante el silencio administrativo del Consistorio a una solicitud presentada en junio de 2024, la funcionaria denunció la situación ante la Justicia.