La revisión de los contratos de alquiler amenaza con expulsar de su barrio a "muchas familias" en Santander

Santander

Más de 3.800 hogares en Cantabria —y más de 300.000 en toda España— se enfrentan este otoño a la revisión de sus contratos de alquiler, firmados en 2020, en plena reactivación del mercado inmobiliario tras la pandemia. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite a los propietarios revisar el precio del alquiler una vez transcurridos cinco años, y esa actualización puede suponer un incremento inasumible para muchas familias.

En Cantabria, el encarecimiento ha sido especialmente acusado. Según el Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria, el INE y el Instituto de Estudios Financieros, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados ha pasado de 600 euros en 2020 a 920 euros en 2025. Un aumento del 53%, que sitúa a la comunidad entre las más afectadas por la subida de precios, junto a territorios turísticos como la Comunidad Valenciana (60%), Baleares (48%) o Canarias (46%).

La ley establece que durante los cinco años de vigencia del contrato, el precio solo puede actualizarse conforme a la inflación —y desde mayo de 2023, según el índice IRAV que publica el INE—. Pero una vez vencido ese plazo, el propietario puede fijar un nuevo precio libremente, salvo en las comunidades que han declarado zonas tensionadas y aplican la Ley de Vivienda. Cantabria no ha adoptado esta medida, por lo que la renovación de contratos se hará sin limitaciones.

"Nos llaman desesperados"

Silvia Fernández, portavoz de Wejaus Inmobiliaria, describe una realidad que vive “día a día” en su oficina: “Ahora mismo hay muy poquito producto en alquiler para fijo, que es lo que la mayoría de la gente busca. El disparo de precios se ha notado un montón”. Según explica, un piso de dos habitaciones con garaje que en 2020 se alquilaba por 600 euros, hoy se ofrece por 850 o incluso 870 euros.

Los más afectados son los inquilinos, que se enfrentan a subidas que no pueden asumir. “Muchos nos cuentan que el propietario les ha dado un plazo para abandonar la vivienda. Nos llaman desesperados buscando algo que puedan pagar. Si estaban pagando 650 euros, intentan encontrar algo por 700 o 750, pero cuando les decimos que el mínimo está en 850, nos dicen que no saben qué van a hacer”, relata Fernández.

La situación está provocando salidas forzadas de familias de sus barrios de toda la vida. “Hay gente que ya nos dice desesperada que sus hijos estudian en colegios de Santander, pero que si tienen que irse a los alrededores, lo harán. El extrarradio está algo más barato, pero tampoco hay propiedades disponibles”, advierte la portavoz.

Alquiler temporal

Además del precio, el tipo de oferta disponible complica aún más el acceso a la vivienda. “Todo es alquiler temporal, para estudiantes de septiembre a junio, o vacacional. Tenemos clientes que usan el piso ellos mismos en verano porque son de fuera de Santander, o que lo ponen como vivienda turística. No hay pisos en alquiler para fijo en Santander”, lamenta Fernández.

La falta de vivienda asequible y estable está generando una presión creciente sobre las familias, que se ven obligadas a buscar alternativas en municipios más alejados o incluso fuera de la comunidad. “Hay gente que no sabe qué va a hacer. Ahora mismo hay muy poca oferta. Muy poca”, insiste la portavoz.

La situación ha reactivado el debate sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente en zonas tensionadas como el centro de Santander, donde el alquiler medio ha superado ya los niveles previos a la pandemia. Mientras tanto, miles de cántabros viven con incertidumbre el final de sus contratos, temiendo que la renovación les obligue a abandonar sus hogares.