El funcionario condenado por la trama de Obras Públicas ingresará en prisión el 8 de enero

Santander

Concluye uno de los episodios de corrupción más sonados en Cantabria: el caso Obras Públicas.

El principal acusado, Miguel Ángel Díez, exjefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, ingresará en prisión el próximo 8 de enero, según el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes. Díez podrá elegir el centro penitenciario y pasará las navidades en casa, tras alegar motivos laborales y familiares para retrasar su entrada.

El funcionario, considerado cabecilla de la red, ha aceptado una condena de siete años y un día de cárcel, además de una multa de 963.000 euros. Ya ha abonado 750.000 euros en concepto de indemnización. Durante la instrucción, Díez permaneció seis meses en prisión provisional y fue apartado de su puesto en la Consejería de Obras Públicas.

El acuerdo se ha formalizado hoy en la Audiencia Provincial, con la presencia de la Fiscalía, el Gobierno de Cantabria como acusación particular y los investigados. Con este pacto, se evita la celebración de un juicio con jurado que iba a poner de manifiesto cómo el funcionario concertó durante años adjudicaciones irregulares de contratos de mantenimiento de carreteras a cambio de mordidas.

Mientras, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión a su mujer -condenada a un año y un día- durante dos años y a condición de que no cometa delito alguno en ese periodo, durante el cual también se suspenderá de forma extraordinaria la cárcel a los cuatro constructores procesados - API Movilidad, CANNOR, La Encina y RUCECAN- a condición, además en estos casos, de que paguen una multa de 960 euros, a razón de una cuota de 6 euros durante 160 días.

La trama, destapada tras una investigación que comenzó hace casi tres años, reveló que Díez pactaba con empresarios del sector la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales. El acuerdo alcanzado en septiembre entre acusados y acusaciones ha permitido cerrar el caso sin juicio, logrando lo que el Ejecutivo cántabro consideraba prioritario: la expulsión del funcionario y la reparación económica.

Los procesados se han mostrado conformes con los hechos y penas que recoge el escrito, que se llevará a la sentencia sobre la que la jueza, de la Sección Tercera y que iba a presidir el tribunal del jurado -que no ha sido necesario constituir-, ha decretado ya firmeza, al comprometerse las partes a no recurrirla. Además, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión para todos los implicados menos para el empleado público considerado cabecilla de la red, condenado a siete años de cárcel y que ingresará después de Navidad -el 8 de enero- en Zaballa, la prisión provincial de Álava.

Se trata del centro penitenciario más cercano al lugar donde Miguel Ángel Díez Barrio se ha trasladado a vivir y trabajar, y al que se ha concedido un plazo de algo más de un mes para empezar a cumplir la pena privativa de libertad -lo habitual suelen ser diez o quince días- a petición de su abogado, que ha trasladado a la magistrada la intención de su cliente de ingresar tras las fiestas navideñas y de forma voluntaria en prisión, donde ya estuvo de manera preventiva seis meses tras destaparse el caso.