El Ministerio amplía a 45 días el plazo de alegaciones para el tren Santander-Bilbao y confirma que la suspensión de licencias será temporal y limitada

Santander

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido una ampliación de 15 días hábiles para presentar alegaciones al estudio informativo del trazado ferroviario Santander-Bilbao, elevando el plazo total a 45 días, un estudio que el Gobierno de España confía en que esté cerrado "en los primeros meses de 2026".

La decisión responde a la petición del Gobierno de Cantabria, que solicitó duplicar el plazo inicial de 30 días.

Carta a Roberto Media

En una carta remitida al consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, y a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, recuerda que la Ley 39/2015 solo permite ampliar hasta la mitad del plazo original, por lo que la prórroga se ajusta al marco legal vigente.

Este tiempo adicional, explica Santano, busca "facilitar un análisis más profundo de la documentación sin alterar el calendario previsto, ya que las alegaciones se están evaluando desde el inicio del proceso".

El Ministerio confía en que el estudio pueda aprobarse en los primeros meses de 2026.

Explicaciones a los alcaldes

En paralelo, el Ministerio que dirige Óscar Puente ha aclarado a los alcaldes de los municipios afectados el alcance real de la suspensión de licencias urbanísticas, que ha generado inquietud tras su aparición en algunos medios de comunicación autonómicos.

En otra carta remitida a los regidores, el secretario de Estado recuerda que la medida se fundamenta en el artículo 7.2 de la Ley del Sector Ferroviario y obliga a suspender nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, así como la concesión de licencias, en las zonas afectadas por los trazados sometidos a información pública.

El Ministerio matiza que la suspensión "solo afecta a las áreas directamente incluidas en las alternativas del estudio, permitiendo la actividad urbanística fuera de ellas".

Además, se podrán autorizar actuaciones compatibles con la futura infraestructura o destinadas al mantenimiento, siempre con informe vinculante. El plazo máximo de suspensión es de un año desde el 7 de noviembre de 2025, sin previsión de prórroga.

Por último, tal y como ya se conocía, el Ministerio da por hecho que ninguna de las alternativas actuales cumple los objetivos del proyecto, por lo que "se estudiarán nuevas opciones".

Si el proceso de información pública no determina lo contrario, concluye Santano en su misiva a los alcaldes, "el estudio se aprobará sin establecer banda de reserva alguna".