Cuatro asociaciones recurren el convenio del Servicio Cántabro de Salud con Santa Clotilde

Santander

Cuatro asociaciones de la Plataforma para la Defensa Sanidad Pública han interpuesto de forma conjunta un recurso contencioso-administrativo para pedir la anulación del convenio firmado entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde.

En rueda de prensa, los portavoces de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Blanca Parra y Fernando Rodero, han subrayado que el convenio es "irregular y carente" de las justificaciones legales exigidas para este tipo de contratación excepcional, que prevé 256 millones de euros de fondos públicos durante 16 años, ampliable hasta 20 años.

Han señalado que el acuerdo se firmó sin concurso público y que no consta la existencia de los informes jurídicos, técnicos y económicos preceptivos ni la acreditación de razones objetivas de urgencia o excepcionalidad que justifiquen el contrato excepcional.

Recurso interpuesto

Las entidades que han interpuesto el recurso son la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Ecologistas en Acción, la Asamblea de Mujeres de Cantabria y Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca.

"El juez tiene que decir ahora que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria tiene legitimidad porque le interesa y se ve afectada estatutariamente con la externalización en estas condiciones que para nosotros son de terror", han subrayado.

Han explicado que la presentación de este recurso se debe a que el convenio contempla la derivación al Hospital Santa Clotilde de prestaciones que hasta ahora se venían realizando en la sanidad pública.

"Una fragmentación de la asistencia"

A su juicio, esto supone "una fragmentación de la asistencia" que afecta a la coordinación de programas preventivos que requieren un seguimiento unitario.

Y han denunciado que parte de esos servicios que asumirá Santa Clotilde serán subcontratados a otras empresas, como ocurre con las pruebas de mamografías, resonancias, TAC y ecografías.

También han advertido de que el acuerdo compromete fondos públicos que podrían destinarse a reforzar los recursos materiales y humanos de los hospitales públicos de Cantabria.

Penalizaciones económicas

Rodero ha criticado el régimen de penalizaciones económicas recogido en una adenda posterior al convenio, que fija una penalización máxima del 1 por ciento de la facturación anual en caso de no cumplir el 80 % de los objetivos pactados.

Han considerado que estas condiciones no garantizan el control efectivo del cumplimiento del acuerdo ni la protección del interés público. "La duración del convenio, de hasta 20 años, hipoteca una parte de la asistencia sanitaria en Cantabria en un contexto de cambios constantes en las necesidades asistenciales y en la evolución tecnológica", han asegurado.

Por ello, han acudido a la vía judicial para solicitar la nulidad del acuerdo, al entender que perjudica a la ciudadanía y al sistema público de salud de la región.

Externalización de mamografías

A preguntas de los periodistas sobre la derivación de la lectura de mamografías a Santa Clotilde, la portavoz de la Asamblea de Mujeres de Cantabria, Charo Quitana, ha asegurado que las primeras lecturas externalizadas se realizaron el 13 de noviembre, cuando las radiólogas del sistema público "ya habían logrado eliminar la lista de espera y no era necesario ningún apoyo externo".

Y ha apuntado que esta situación ha hecho que todas las radiólogas del servicio que participan en la lectura del programa hayan remitido una carta al SCS y a la Consejería de Salud denunciando la situación y expresando su malestar por haber sido "obviadas y engañadas".

Además, ha señalado que el convenio prevé que el Hospital de Santa Clotilde, a través de empresas subcontratadas, lea hasta 20.000 mamografías anuales, cuando en el programa se realizan más de 30.000 al año.