Unai Sordo alerta: frenar las renovables es condenar a Cantabria a perder industria y competitividad

Santander

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha situado el ERE anunciado por Solvay en Torrelavega como el ejemplo más reciente de la “tensión estructural” que atraviesa la industria en Cantabria y en el conjunto del país. Durante su visita a Santander, en el marco de la ronda estatal de asambleas 'De las respuestas a la acción: salario, techo, tiempo', Sordo ha advertido de que España “se ha jugado su competitividad en esta década” y ha señalado a la política energética como un factor clave.

Sordo ha asegurado que la decisión de Solvay de recortar su producción y aplicar un ERE para 77 trabajadores en su planta de Barreda (Torrelavega) “no ha sido un caso aislado”, sino la muestra de un problema que también ha afectado a Asturias y al País Vasco.

En su análisis, ha afirmado que la industria española “ha estado atrapada entre costes energéticos históricamente altos y una transición que algunos están intentando paralizar”.

“El Partido Popular se ha quedado colgado de la brocha de un modelo energético antiguo”, ha criticado. “España ha tenido en las renovables una oportunidad histórica, pero frenar la transición es condenar al país a perder industria”.

Si el consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, señala a los costes energéticos que soporta la industria en España como responsables de la decisión de Solvay, el dirigente sindical subraya que los precios de la energía “han bajado notablemente respecto a hace un lustro” gracias al desarrollo renovable.

“La vivienda, un agujero negro”

Tras abordar la situación industrial, Sordo ha centrado su mensaje en la crisis de vivienda, un problema que, según ha dicho, “ha generado el mayor malestar social de los últimos años”.

El líder de CCOO ha lamentado que España “ha arrastrado más de cuatro décadas de políticas erróneas”, que han convertido la vivienda en un objeto de inversión y especulación. Ha insistido en que la población ha pasado “de 46,5 a 50 millones de habitantes en solo seis años”, lo que ha tensionado aún más el mercado.

Ha defendido que “no basta con construir más vivienda, hay que garantizar que sea asequible” y ha enumerado las medidas que, a su juicio, deben aplicarse “todas a la vez”: movilizar vivienda vacía, limitar alquileres en zonas tensionadas, frenar usos turísticos desregulados y blindar el mercado frente a fondos especulativos.

“No se puede esperar seis años mientras la gente destina el 60% del sueldo a un alquiler”, ha afirmado. Además, ha alertado de que el acceso imposible a la vivienda “ya ha empezado a afectar al empleo”, porque hay empresas que “no encuentran trabajadores que puedan permitirse vivir cerca de su puesto de trabajo”.

“Salarios estancados”

En materia salarial, Sordo ha denunciado que más de diez millones de personas “no han visto reflejado el crecimiento económico en su nómina”, pese al buen comportamiento del empleo y de la productividad. Ha acusado a la CEOE de estar operando “en clave política” y de bloquear la negociación colectiva:

“No es razonable que, con convenios subiendo más del 3%, la patronal se niegue a avalar el incremento del salario mínimo”.

Riesgo de avance ultra y lecturas políticas

Sordo también ha advertido del avance de la extrema derecha en España: “Es una ola reaccionaria que expresa miedo y enfado, pero no tiene un proyecto solvente para el país”. Ha sostenido que, aunque prevé que esa tendencia declinará a medio plazo, antes “puede hacer un daño irreversible a la economía y a los derechos sociales”.

Preguntado por la situación política, ha afirmado que el presidente “probablemente ha podido agotar la legislatura” si define un propósito claro de país.

“Las nuevas generaciones pueden vivir mejor que sus padres”

Sordo ha rechazado que la juventud esté girando mayoritariamente hacia la extrema derecha y ha asegurado que, si España acierta en unas pocas políticas clave —vivienda, formación, cuidados y energía—, “las nuevas generaciones serán las que mejor vivan de la historia del país”.

Ha reconocido que los sindicatos tienen el reto de reforzar su presencia entre los jóvenes, pero ha defendido que el poder de negociación salarial de quienes hoy tienen entre 15 y 25 años “va a ser enorme” por motivos demográficos y laborales.