Gema Igual rehúye el debate en el pleno extraordinario sobre El Bocal, dice que no se va y califica de "miseria humana" a la oposición

Santander

El pleno de Santander ha rechazado con los votos del PP, que tiene mayoría absoluta, que el equipo de gobierno asuma responsabilidades políticas y técnicas por el suceso del Bocal y la creación de una comisión especial para aclarar lo ocurrido el 3 de marzo, cuando seis jóvenes fallecieron y otra resultó herida al hundirse una pasarela.

Las dos peticiones han sido defendidas por la oposición de Santander en bloque (PSOE, PRC, Vox e IU) en un pleno extraordinario en el que la alcaldesa, Gema Igual, les ha acusado de pedir su dimisión por "beneficio político" y de tratar de tapar "de manera cómplice" la actuación de Costas, que construyó la pasarela.

"Me quedo porque me han puesto los santanderinos, aunque me lo pida la oposición no voy a dimitir. Ahora es cuando más quiero quedarme para descubrir la verdad", ha dicho la alcaldesa, que ha instado a la oposición a pedir explicaciones a Costas y al delegado del Gobierno, Pedro Casares.Los concejales de la oposición han coincidido en que el Ayuntamiento tendría que haber vigilado el estado en el que se encontraba la pasarela, independientemente de que las infraestructuras de la senda costera sean competencia de la Demarcación de Costas.

Y han reprochado a Igual que señale como responsable a la agente que no actúo después de que el 112 le trasladará un día antes de la tragedia el aviso de un vecino que advirtió de la peligrosidad de la pasarela, cuando es ella la que está al mando de la Policía Local como alcaldesa de la ciudad.

El portavoz del grupo socialista, Daniel Fernández, ha dicho que la seguridad en Santander es competencia de la alcaldesa y "no de otra administración ni de un técnico ni de un agente" y ha opinado que lo que ha fallado, tras la alerta del vecino al 112, "es un sistema al completo, sin protocolos claros y desde el que ni siquiera se graban las llamadas".

A juicio de Fernández, la alcaldesa "trata de desviar la atención" diciendo que las infraestructuras no son de su competencia y que la obra no se terminó, pero promociona la senda costera "a diestro y siniestro", con lo que "la está avalando".

El portavoz regionalista, Felipe Piña, ha criticado que el equipo de gobierno "eche la pelota a otra lado". "El trilerismo político al que nos tienen acostumbrados lo van a tener que hacer delante de una jueza", ha añadido.Piña ha echado también en cara a la alcaldesa que el Ayuntamiento siga promocionando aún hoy en su web de turismo la senda. "Es acojonante", ha añadido.

Vox ha recordado que ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aergesen, para que dé explicaciones sobre el proyecto de Costas y de por qué se permitió una baja temeraria del 50 % en su adjudicación.Pero, según su portavoz, Laura Velasco, "más allá del rifirrafe político", la senda estaba en uso, abierta al público y promocionada hasta en Fitur, con lo que, a su entender, existe "una recepción tácita" de la obra por parte del Ayuntamiento.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha señalado que en el proyecto de 2016 para finalizar las obras de la senda se decía que las infraestructuras no eran aptas para el tránsito peatonal y "no cabe alegar desconocimiento" por parte del Ayuntamiento.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que ha respondido a la oposición en el debate, ha defendido que la alcaldesa "ha dado la cara desde el primer momento", ha estado al lado de las familias de las víctimas y ha sido transparente, al contrario que el Ministerio, Costas y la Delegación del Gobierno.

Ha justificado el rechazo a la creación de una comisión especial en que este asunto está judicializado y ha subrayado que el Ayuntamiento no tiene la potestad legal de vigilar el estado de las infraestructuras de la senda costera, porque están en el dominio marítimo terrestre.

Sobre el protocolo de la Policía Local, ha dicho que el Ayuntamiento dará explicaciones una vez que informe, el próximo lunes, a la jueza que instruye el caso tras el suceso en el murieron seis jóvenes de 19 a 22 años, tres del País Vasco, una de Guadalajara, una de Almería y otra del municipio cántabro de Camargo.