La Asociación de Hostelería de Cantabria estudia emprender acciones contra la instrucción que permite operar a pisos turísticos sin regularizar

Santander

La Asociación de Hostelería de Cantabria ha expresado su “sorpresa” y “profundo desacuerdo” con la instrucción publicada por el Gobierno regional que permitirá que un elevado número de viviendas turísticas continúen operando este verano pese a no estar regularizadas. La organización confirma que sus servicios jurídicos están analizando el documento y no descartan emprender acciones al entender que la instrucción “desnaturaliza” el decreto de viviendas de uso turístico aprobado hace apenas unos meses.

Eduardo Lamadrid, presidente de la asociación, sostiene que el sector esperaba que el decreto quedara cerrado “sin más modificaciones”. Sin embargo, consideran que esta nueva instrucción supone “en la práctica, una alteración normativa encubierta” y no una simple aclaración procedimental, como defiende el Ejecutivo autonómico.

Críticas al impacto real de la moratoria

La instrucción concede una moratoria a numerosas viviendas que se ofertan actualmente como pisos turísticos y que aún no han obtenido resolución municipal. Según los datos manejados por el sector, en Santander solo el 18% de las solicitudes han sido resueltas favorablemente, mientras que solo se han resuelto el 36% de las solicitudes presentadas. Para Lamadrid, esto implica que muchas viviendas que previsiblemente no cumplirán los requisitos legales “van a poder seguir operando varios meses más sin estar regularizadas”.

El presidente de los hosteleros cuestiona que se mantenga la actividad cuando, asegura, “es evidente que si un piso está en una segunda o tercera planta en Santander, como marca la ley, no va a ser autorizado”. A su juicio, permitir que continúen funcionando mientras esperan una resolución “no tiene sentido si ya se sabe que el resultado será negativo”.

Dudas sobre el argumento del Gobierno y ausencia de consulta

El Gobierno de Cantabria justifica la instrucción en la necesidad de evitar perjuicios a propietarios que todavía no han recibido respuesta por causas no imputables a ellos. Un planteamiento que la Asociación de Hostelería rechaza frontalmente. Recuerdan que el decreto concedía ocho meses de adaptación, un plazo que consideran “más que suficiente”.

Además, denuncian que el Ejecutivo no les ha consultado este cambio. Nos lo hemos encontrado en el BOC. Nos ha sorprendido porque no teníamos constancia de ninguna modificación”, afirma Lamadrid.

Sobre la capacidad de control, la asociación recuerda que sigue pendiente la incorporación de cinco nuevos inspectores anunciados por el Gobierno, algo que consideran imprescindible para frenar la actividad ilegal.“Si se sanciona de manera ejemplar al incumplidor, nadie se arriesgará a operar fuera de la norma”.

En el caso de Santander, el propio sector reconoce que un número significativo de viviendas dejarán de poder alquilarse como turísticas una vez aplicada la normativa municipal. Los hosteleros valoran positivamente ese escenario porque, afirman, “todos debemos operar con las mismas reglas”. Sin embargo, alertan de que la moratoria supone “un balón de oxígeno” para quienes incumplen, prolongando su actividad sin un límite claro.

Posibles acciones legales

La Asociación de Hostelería confirma que el documento está ya en manos de sus servicios jurídicos, que ven indicios de que la instrucción “entra en contradicción” con el decreto original. En función del análisis final, decidirán si presentan alegaciones o emprenden otro tipo de acciones.

“Queremos ver los efectos y estudiar el texto, pero los jurídicos tienen claro que el documento vulnera el espíritu del decreto. Veremos cómo podemos solucionarlo”, concluye Lamadrid.