Los responsables de Cohorte Cantabria defienden que la colaboración con farmacéuticas es "habitual" y "esencial" para la investigación

Santander

Los responsables científicos de Cohorte Cantabria lamentan que el PRC esté poniendo en cuestión “uno de los proyectos más prometedores” de la comunidad en el ámbito científico y sanitario. Tras las críticas del partido regionalista sobre el uso de datos clínicos y el convenio con una farmacéutica estadounidense, los directores del proyecto han salido públicamente a defender la legalidad, transparencia y necesidad de estas colaboraciones.

Marcos López Hoyos, exdirector de Cohorte Cantabria y actual responsable del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL), ha recordado que la colaboración entre instituciones públicas y compañías privadas es la norma en la investigación biomédica, tanto en España como en el resto del mundo. “Este convenio es absolutamente legal y necesario para avanzar científicamente”, ha asegurado, subrayando además que la desconfianza generada “ha provocado temor entre los voluntarios”.

López Hoyos insiste en que en Cantabria —ni en España— existe una empresa capaz de analizar datos genómicos de una población tan amplia como la que estudia Cohorte Cantabria, que ya supera los 50.000 voluntarios. “La ciencia no se puede hacer solo dentro de las paredes de Valdecilla o dentro de las fronteras de Cantabria. Necesitamos colaborar con grupos internacionales”, ha dicho.

El director del IDIVAL ha recalcado además que los datos clínicos utilizados son determinados, anónimos y nunca se venden ni permiten identificar a los participantes. Todo está regulado en el consentimiento informado, donde se especifica cómo se custodian los datos y en qué condiciones pueden emplearse en investigaciones nacionales o internacionales. “Nunca se ceden datos personales ni existe posibilidad de relacionarlos con un voluntario”, ha reiterado.

La colaboración público- privada es "la norma"

Lo mismo opina el actual director de Cohorte Cantabria, Javier Crespo, que ha defendido con firmeza que la colaboración con empresas privadas forma parte del funcionamiento habitual de cualquier unidad de investigación avanzada. “La práctica totalidad de los fármacos que utilizamos en la actualidad se han desarrollado en industrias biotecnológicas privadas. La colaboración público-privada es la norma, no se puede entender la medicina moderna sin ella”, ha señalado.

Crespo ha explicado que los ensayos clínicos en los hospitales, incluidos los de Valdecilla, se realizan “en casi el 100% de los casos” en colaboración con farmacéuticas o biotecnológicas. Sin embargo, ha subrayado que el convenio con la empresa estadounidense Regeneron es “muchísimo más estricto” en términos de protección de datos que los acuerdos habituales.

Respecto a las dudas planteadas por el PRC, Crespo considera que la polémica responde en parte al desconocimiento del funcionamiento real de la investigación biomédica. “Los datos no se venden. Existe un convenio de colaboración científica en el que ambas partes contribuyen a generar conocimiento, no un acuerdo lucrativo”, ha afirmado.

Ambos responsables reconocen que la controversia ha generado inquietud entre algunos participantes, aunque el número de voluntarios que ha solicitado retirar su consentimiento “por ahora es bajo”. Aun así, advierten de que la desconfianza puede hacer “un daño tremendo” a un proyecto que se sostiene precisamente en la confianza ciudadana.

“Cohorte Cantabria es un proyecto científico, no político. Los datos de más de 51.000 voluntarios están custodiados exclusivamente por el Instituto de Investigación Valdecilla y nadie puede acceder a ellos”, ha concluido López Hoyos.