La Audiencia Nacional obliga al Ayuntamiento de Santander a tomar una decisión sobre el futuro de La Horadada

Santander

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del Ayuntamiento de Santander contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica que, en julio de 2022, dictó una concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el edificio de La Horadada, en la playa de La Magdalena. La sentencia, fechada el 5 de febrero de 2026, avala la posición de la Administración del Estado, declara ajustada a Derecho la concesión impugnada y condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

El fallo, al que ha tenido acceso la Cadena SER, implica que el Ayuntamiento de Santander tiene que decidir qué quiere hacer con el edificio, completamente abandonado desde hace años. En concreto, debe indicar al Estado si se procede a su derribo, algo a lo que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ya ha expresado su disposición.

En septiembre de 2025, el consistorio y el Ministerio para la Transición Ecológica alcanzaron un acuero para incluir la demolición de La Horada en el proyecto de restauración de la playa y en paralelo a la construcción del segundo espigón de La Magdalena.

Fuentes de Transición Ecológica explican a la SER que en el proyecto de regeneración que ya se está redactando "tiene que decidir el Ayuntamiento qué es lo que quiere hacer tras conocer el contenido de esta sentencia".

"Si quiere demoler, nosotros demolemos" explican fuentes ministeriales a la SER tras la sentencia de la Audiencia Nacional que sitúa toda la responsablidad sobre el futuro del edificio abandonado de La Horada en el Ayuntamiento de Santander, al que condena, además, al pago de costas.

Una década de tiempo perdido para el derribo

El fallo de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo reconstruye más de una década de actuaciones, inacciones y decisiones políticas y técnicas en torno a un edificio cuya historia administrativa es tan compleja como su simbolismo urbano.

La Audiencia recuerda que el inmueble, levantado gracias a una concesión otorgada en 1956 para usos de balneario, quedó sin amparo jurídico en agosto de 2010, cuando la concesión expiró sin posibilidad de prórroga.

La normativa de costas vigente impedía mantener un edificio de esas características y dimensiones sobre el dominio público, por lo que el Ministerio acordó su demolición en 2011.

En 2012, la Demarcación de Costas remitió al Ayuntamiento el proyecto de derribo. Según la Sala, en los años posteriores el consistorio no realizó ninguna actuación significativa que pusiera en cuestión la orden estatal. El escenario se mantuvo sin cambios hasta 2021, cuando se iniciaron finalmente las obras de demolición. En diciembre de ese año, el Ayuntamiento ordenó su paralización. Este fue el punto de inflexión del caso.

Costas pidió a Santander modificar el régimen urbanístico

El consistorio justificó la suspensión en la protección estructural que La Horadada posee dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, declarado Bien de Interés Cultural en 1986.

La Audiencia recuerda que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria coincidió con este criterio al señalar que, por estar dentro de un BIC, la demolición requería autorización autonómica y la previa declaración de ruina, una competencia municipal que no se había ejercido.

A partir de ese momento, la Demarcación de Costas advirtió al Ayuntamiento de que, si no modificaba el régimen urbanístico del edificio para permitir su demolición o no iniciaba un expediente de ruina, se vería obligada a tramitar una concesión a su favor para regularizar la ocupación del dominio público. La medida, amparada por la Ley de Costas, no satisfizo al consistorio, que alegó que no podía imponérsele una concesión no solicitada y que la conservación del edificio correspondía al Estado como propietario del dominio.

Pero mientras mantenía esa postura jurídica, el propio Ayuntamiento aprobó por unanimidad en febrero de 2022 una moción para evitar el derribo y estudiar un uso futuro del inmueble vinculado a actividades compatibles con Costas —entre ellas hostelería, actividades náuticas o servicios a usuarios de la playa—. Ese acuerdo, destaca la sentencia, evidencia una voluntad municipal clara de mantener La Horadada en pie.

El Ayuntamiento impidió la demolición

A juicio de la Audiencia, esa actitud convierte al Ayuntamiento en promotor del régimen de protección que impidió la demolición. Y ese punto es determinante: si un bien protegido ocupa dominio público y la protección es promovida por una administración, esa administración debe asumir las obligaciones inherentes al mantenimiento y conservación, salvo que exista un concesionario privado. En el caso de La Horadada, ese concesionario desapareció en 2010.

La Sala añade además que la concesión se tramitó dentro del plazo legal: aunque la declaración del Conjunto del Sardinero es de 1986, Costas no tuvo conocimiento efectivo de la protección aplicable al edificio —la que invocó el propio Ayuntamiento para paralizar la demolición— hasta diciembre de 2021. Ese momento, sostiene, es el que activa el cómputo.

En consecuencia, la Audiencia Nacional concluye que la Administración General del Estado actuó correctamente al iniciar de oficio un procedimiento de concesión para que el Ayuntamiento asuma formalmente la ocupación de un edificio protegido cuya permanencia él mismo promovió. Y rechaza de plano la pretensión municipal de que sea el Estado quien deba conservarlo.

El fallo impone las costas al Ayuntamiento y recuerda que contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días.