Cantabria reduce a 42 días el tiempo de resolución de la eutanasia, por debajo de la media estatal

Santander

Cantabria se ha situado entre las comunidades que aplican con mayor agilidad la Ley de Eutanasia. Así lo explica Juan Jiménez, portavoz en Cantabria de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), en declaraciones a la Cadena SER. El tiempo de resolución del procedimiento —desde la solicitud hasta la ejecución de la prestación— se ha reducido hasta los 42 días, muy por debajo de la media del conjunto del país.

"La mejora es evidente. En 2023 el proceso duraba 82 días, mientras que en 2024 cayó prácticamente a la mitad". Para Jiménez, estos datos confirman que los equipos de Atención Primaria, los servicios de hospitalización y la Comisión de Garantías y Evaluación Autonómica “están funcionando con rigor y eficacia”. La reducción del plazo, insiste, es “muy positiva” y muestra que la ley se aplica con normalidad y garantías en Cantabria.

Los últimos datos oficiales difundidos en la región indican que durante 2024 se tramitaron 13 solicitudes de eutanasia. Solo tres llegaron a ejecutarse; cuatro personas fallecieron mientras su procedimiento seguía abierto; dos retiraron su petición; y cuatro fueron denegadas por no cumplir los requisitos establecidos. Jiménez considera que estas cifras reflejan un sistema que examina cada caso con "seriedad" y "sin interferencias".

El debate, sin embargo, ha vuelto a la agenda pública a raíz de la muerte de Noelia Castillo, que falleció después de 600 días de espera como consecuencia de los recursos judiciales presentados por su padre, asesorado por Abogados Cristianos. Un caso que, según Jiménez, supone un ejemplo "extremo" de cómo un derecho reconocido por la ley puede quedar paralizado por presiones externas.

“El derecho a morir dignamente no puede quedar condicionado a imposiciones éticas, morales o religiosas ajenas. La ley y la Constitución reconocen este derecho y debe prevalecer”. Sobre el caso de Noelia, afirma que la joven fue sometida a un sufrimiento “innecesario”, a un “tormento jurídico y legal” que atribuye únicamente a la voluntad de quienes bloquearon su decisión.

Aun así, Jiménez destaca que la experiencia en Cantabria demuestra que la Ley de Eutanasia puede aplicarse con rapidez y seguridad.