Elena Pérez, nueva presidenta de la Sala de lo Social del TSJ, asegura que “Cantabria tiene un nivel de litigiosidad altísimo con un número de jueces muy bajo”

La nueva presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Elena Pérez, ha alertado en Hoy por Hoy Cantabria de la situación “claramente insuficiente” de la plantilla judicial en la jurisdicción social de la región. Según ha explicado, Cantabria soporta “un volumen de entrada altísimo con un número de jueces muy bajo” y eso está generando dilaciones especialmente en el Tribunal de Instancia de Santander. La magistrada ha puesto cifra a esa necesidad: “Harían falta, como mínimo, tres plazas más para atender el trabajo ordinario, además de un refuerzo temporal para reducir el atraso acumulado”.

Pérez, que lleva 18 años integrada en la Sala de lo Social del TSJC, ha subrayado que el órgano que ahora preside se encuentra “en una situación prácticamente inmejorable”, con tiempos de resolución que son “de récord”: entre 20 días y un mes desde que entra un asunto hasta que se dicta sentencia. Pero ha insistido en que el verdadero cuello de botella se encuentra en el juzgado social de instancia, donde “la dilación más importante está en la fase de señalamiento del juicio”.

La magistrada ha precisado que en Cantabria entran unos 6.300 asuntos al año, según la media de los últimos cinco años. La recomendación del Consejo General del Poder Judicial es que cada plaza asuma un máximo de 800 procedimientos anuales, pero en Cantabria “se están soportando 200 asuntos más por juez de lo recomendable”. En 2023, la cifra se disparó hasta casi 7.300, lo que supuso “400 asuntos por encima de lo aconsejado” para cada juzgado.

Una justicia “rápida, pero razonada y accesible”

En su estreno público como presidenta de Sala, Pérez ha defendido que la justicia laboral en Cantabria se caracteriza por su agilidad, pero ha recalcado que la rapidez no puede sacrificar la calidad de las resoluciones. “La justicia tiene que ser ágil, pero también razonada y razonable”, ha dicho, insistiendo en la necesidad de mantener tiempos que permitan “el razonamiento sereno” que exige el Derecho.

Ha remarcado, además, que uno de los grandes retos del sistema es la accesibilidad, tanto en el ámbito de la discapacidad como para la ciudadanía en general. “Tenemos que esforzarnos por explicar por qué decimos lo que decimos”, ha asegurado. Reconoce que salir del lenguaje jurídico tradicional es difícil, porque los profesionales “mantenemos esquemas mentales muy formales desde la oposición”, pero lo considera imprescindible seguir avanzando en una redacción más clara.

Pérez ha puesto en valor herramientas como la lectura fácil, una metodología que permite adaptar las sentencias para que puedan ser comprendidas por personas con discapacidad intelectual. A su juicio, es un ejemplo de cómo se puede avanzar hacia la accesibilidad universal.

Nuevos conflictos laborales

Preguntada por los asuntos que llegan actualmente a la jurisdicción social, la presidenta ha señalado que no ha cambiado el perfil esencial de los conflictos —despidos, prestaciones o accidentes de trabajo—, pero sí han aumentado determinadas materias. “Está creciendo la litigiosidad en conciliación de la vida personal y laboral y en vulneraciones de derechos fundamentales”, ha destacado.

Los avances legislativos en permisos, corresponsabilidad parental o teletrabajo son, para Pérez, logros sociales importantes, pero advierte que no siempre se trasladan a la realidad cotidiana: “La evolución normativa es muy positiva, pero no siempre va acompañada de una realidad material paralela”, lo que genera un aumento de pleitos en estas materias.

“Estamos en el buen camino, pero queda mucho por hacer”

Además de dirigir la Sala de lo Social, Elena Pérez es delegada de discapacidad del TSJC desde 2015, un ámbito al que está especialmente vinculada también en lo personal. “Vivo con una persona con discapacidad, mi madre, y soy muy consciente de los obstáculos físicos y sociales”, ha compartido en la entrevista.

Considera que en los últimos años se ha producido un cambio de mentalidad gracias a la irrupción de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero pide seguir avanzando. Una de sus prioridades es fortalecer la figura del facilitador procesal, un profesional especializado que acompaña y garantiza la comprensión de los procedimientos judiciales a personas con discapacidad.

Pérez insiste en que la sensibilización es clave, pero también la formación de todos los operadores jurídicos para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.