Avalancha de solicitudes para regularizar pisos turísticos en Cantabria. "La instrucción del Gobierno ha servido de altavoz"

Santander

Avalancha de solicitudes para regularizar pisos turísticos en Cantabria. La instrucción que aprobó el Gobierno de Cantabria para que las viviendas de uso turístico que no tenían autorización puedan seguir operando ha provocado la inmediata reacción de cientos de propietarios que no cumplen con los requisitos que establece la normativa cántabra.

En solo una semana se han presentado en la Consejería de Turismo de Cantabria 2.000 solicitudes para poder operar como piso turístico. Es la consecuencia directa de la instrucción que publicó el Gobierno cántabro 5 días antes de que finalizara el plazo para regularizar todas las viviendas de acuerdo a lo establecido en el decreto aprobado en julio del año pasado.

"Un elevado número de viviendas no tenían opciones para su regularización y sus propietarios no lo habían ni solicitado. Pero la Consejería publicó en el Boletín oficial de Cantabria el viernes 20 de marzo una orden que, en la práctica, ha supuesto una moratoria para quienes no podían cumplían los requisitos", ha asegurado en declaraciones a Hora 14 Cantabria el presidente de la Asociación de Hostelería, Eduardo Lamadrid.

La prueba es que solo en una semana se han registrado al menos 2.000 nuevas solicitudes, el doble que en los 8 meses que había dado de plazo el Gobierno para ajustarse al nuevo decreto de pisos turísticos. En total, ahora mismo, la Consejería de Turismo de Cantabria tiene un total de 3.000 solicitudes en tramitación, según cifras de la Asociación Empresarial de Hostelería.

Su presidente Eduardo Lamadrid, explica que la instrucción ha servido de "auténtico altavoz" para que aquellos propietarios que habían desistido pedir autorización -porque no cumplen la ordenanza municipal de su municipio- se hayan apresurado a hacerlo en el último momento para seguir operando como piso turístico, al menos, durante este próximo verano.

"Los ayuntamientos no tienen capacidad para resolver en plazo un volumen tan elevado de solicitudes para emitir los certificados de compatibilidad urbanística".

Es una realidad que muchas -una mayoría- de las solicitudes presentadas a última hora no cumplen con la normativa municipal, pero con la orden publicada por el Gobierno, van a poder seguir operando mientras no haya una resolución expresa.

De hecho, según Lamadrid los efectos del nuevo decreto se tenían que haber notado esta Semana Santa y no ha sido así. La moratoria ha permitido que cientos de pisos turísticos sin regularizar sigan operando.

Desde la asociación reclaman plazos concretos para que los ayuntamientos resuelvan las solicitudes. "Si no se fijan esos plazos, se corre el riesgo de crear un limbo legal que permita operar durante meses o incluso años sin cumplir la ley y que el nuevo decreto, en la práctica, no haya servido para nada".