Sociedad

El fraude eléctrico ya causa pérdidas de 40 millones de euros en la región

La provincia más afectada, con cerca de 3.800 actuaciones desde 2021, es Toledo y, dentro de ésta, la comarca de la Sagra

Interruptor de encendido de la luz / Getty Images (Getty Images)

Toledo

Las conexiones ilegales a la red eléctrica ya suponen un quebranto económico de más de 40 millones de euros en Castilla-La Mancha El dato es de UFD, la distribuidora eléctrica del Grupo Naturgy, que puesto en marcha un plan para detectar y desconectar estas conexiones fraudulentas y la manipulación de contadores en la región. La provincia más afectada, con cerca de 3.800 actuaciones desde enero de 2021 es la de Toledo y, dentro de ésta, la comarca de la Sagra.

Los casos más habituales suelen darse en viviendas 'okupadas' con fines delictivos, entre los que se encuentran el cultivo ilegal de cannabis y aunque estas son las más llamativas, las de mayor volumen de energía defraudada tienen que ver con empresas ubicadas en polígonos industriales, "en los que algunas industrias se conectan ilegalmente, manipulan el contador o tienen una doble acometida", explica Ángel Ramos, delegado de UFD en Toledo.

Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado un 7,5%, un ritmo aún más elevado que en el periodo citado. Un fraude que acaban asumiendo los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones de pago y que, de media, supone unos 66 euros anuales más en la factura.

Ramos explica que es uno de los costes comunes que aparecen recogidos en la legislación y que se traslada a los usuarios en el término "cargos y peajes del sistema eléctrico", aparte del coste de la energía concreta consumida por cada cliente. Durante los últimos días, directivos de UFD han explicado de primera mano esta campaña de lucha contra el fraude a las administraciones locales y regionales.

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.

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