El eterno problema de España

Pasan los años y cambian las circunstancias, pero seguimos a vueltas con la gran pregunta: ¿qué es España? Viene esto a colación del debate generado a propósito del término nacionalidades en el seno del PP, genuino representante del nacionalismo español más excluyente y supremacista.

España está inmersa en un cambio cultural notable e imparable. La manera de entender la nación española y de sentirse español es distinta ahora a la de las dos primeras décadas de democracia. Proliferan las enseñas nacionales en balcones, complementos y todo tipo de prendas de ropa; es creciente el éxito de novelas y libros de historia sobre nuestro pasado imperial y las grandes gestas de españoles ilustres. No faltan los que sostienen que los extranjeros no nos entienden o esgrimen prejuicios contra nosotros. Después de años de utilización del mito de la Transición como el refundador de la patria, volvemos a oír alusiones al siglo de oro y la conquista de América como principales argumentos identitarios. La capacidad absorbente de este nuevo nacionalismo es enorme. Cuanto más españolista es una Autonomía, mayor ventaja obtiene la derecha sobre la izquierda. Lean el libro de Pablo Batalla Los nuevos odres del nacionalismo español.

Sin embargo, y para utilizar una de las armas predilectas de este sector del españolismo, de la llamada España constitucional, conviene recordar el artículo segundo de la Constitución por su carácter abierto e inclusivo: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Qué bien vendría repasar en las hemerotecas los debates sobre la redacción de dicho artículo y recordar el verdadero espíritu dominante entre los muchos que se implicaron.

Las fuerzas políticas representadas en aquel Parlamento atribuían a la palabra “nacionalidades” el significado que reflejaba un documento elaborado por la Comisión Negociadora de la Oposición Democrática (también conocida como “Comisión de los nueve”), y suscrito el 3 de febrero de 1977 por Antón Canyellas (Democracia Cristiana), Carrillo (PCE), Felipe González (PSOE), Fernández Ordóñez (Socialdemocracia, integrada luego en UCD), Julio Jáuregui (País Vasco), Paz Andrade (Galicia), Jordi Pujol (Cataluña), Enrique Tierno (PSP) y Joaquín Satrústegui (Liberales). La propuesta se expuso en la negociación con el gobierno de un Adolfo Suarez todavía predemocrático. Sorprende el amplio acuerdo, tanto respecto del tratamiento del problema, cuanto al método de la negociación. Se postulaba con urgencia la descentralización del Estado para adecuarlo a las exigencias del carácter plurinacional y plurirregional de España. La Comisión urgió del Gobierno el restablecimiento de las instituciones emanadas del consenso popular en las nacionalidades catalana, gallega y vasca, y la creación inmediata de organismos que garantizaran la recuperación o consecución de autonomías, para normalizar la convivencia ciudadana.

En suma, se defendía que la justicia y la estabilidad democrática pasaban por una solución adecuada al grave problema de la construcción de un Estado que asumiera la pluralidad nacional y regional de España, que es una “realidad histórica que las fuerzas democráticas se comprometían a mantener y defender”. Dominaba un ánimo auténtico por solucionar un problema de largo y profundo alcance que ha hecho posible un periodo de bienestar y desarrollo democrático reconocido durante muchos años dentro y fuera del país. No puede ser que las crisis de 2008 y la territorial de 2017, sumadas a las estrategias electorales de algunas fuerzas políticas oculten o manipulen la realidad plural y variada de España.