"Hay que reconocer el derecho a ausentarse y crear un registro con las personas que desaparecen voluntariamente"

Toledo

Castilla-La Mancha finalizó 2021 con 83 denuncias activas por desapariciones, según el Informe Anual de Personas Desaparecidas 2022, que cada año elabora el Ministerio del Interior. En 2020, en plena pandemia, los casos activos fueron 79. Casi la mitad de ellas, algo más del 48 por ciento fueron de menores. Desde SOS Desaparecidos achacan este repunte al fin de los confinamientos por la pandemia.

Se trata, en su mayoría, de personas mayores con problemas cognitivos, personas con problemas de salud mental "a los que el confinamiento perjudicó mucho su estado y que al acabar con los confinamientos y pasar a la normalidad se han desorientado, se han perdido o han sufrido depresiones. Algunas de estas desapariciones acaban en suicidios", explica Joaquín Amills, presidente de esta asociación.

La provincia con más casos activos en Castilla-La Mancha es la de Toledo, con 35 personas cuyo paradero aún se desconoce. Le siguen Cuenca, con 17, Albacete con 13, Ciudad Real con 11 y Guadalajara con siete. La región registró en 2021 un total de 855 denuncias por desapariciones, lo que significa que el 95 por ciento de ellas acaban finalmente por resolverse, bien porque la persona desaparecida es localizada o porque es encontrada, finalmente, sin vida.

Desde SOS Desaparecidos destacan la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque piden más medios humanos y técnicos para las unidades que investigan estos casos pero que también se dedican a otras áreas. Amills reclama además un mapa de recursos que permita activar la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, algo especialmente importante en las zonas rurales, donde la Guardia Civil cubre zonas muy amplias.

"Derecho a ausentarse"

Creen además necesario reconocer el derecho a ausentarse y crear un registro en el que quienes decidan abandonar su entorno de forma voluntaria y no quieran ser encontrados puedan dejar constancia de ello. "En la Asociación recibimos llamadas de personas que ven nuestras alertas y nos llaman para decirnos que no están desaparecidas, que se han ido de casa porque no quieren saber nada de sus familias".

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Amills sostiene que ”están en su derecho, ya que son mayores de edad“ pero cree que este registro permitiría “destinar los medios de búsqueda a las personas que sí necesitan que nos volquemos en su búsqueda y no angustiar a las familias durante días, semanas o años". "Mejoraríamos todo, la efectividad de nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad y el sufrimiento de la familia que está buscando a quien no quiere ser encontrado", defiende.