A propósito del documental sobre el presidente del Gobierno: ¿propaganda creativa o transparencia institucional?

Albacete

El Boletín Oficial del Estado recogía estos días un curioso Convenio público de colaboración suscrito entre la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno y dos productoras para la elaboración de una serie documental sobre la Presidencia del Gobierno titulada «Las cuatro estaciones». https://boe.es/boe/dias/2022/09/10/pdfs/BOE-A-2022-14768.pdf.

Se trata de lo que en el argot televisivo se ha denominado una 'docuserie', similar a la de Rocío Carrasco, aunque con menos episodios. La obra audiovisual se emitirá en varias entregas. En la primera temporada habrá dos episodios de 45 minutos de duración, con la posibilidad, si así lo estiman los productores, de grabar una segunda temporada con otros dos episodios más. La finalidad de este peculiar convenio público no es otra que la de difundir el funcionamiento de la Presidencia del Gobierno y de dar a conocer a los ciudadanos el proceso de toma de decisiones. Esto es, qué hace el Presidente y cómo lo hace, cuáles son las principales actividades de la presidencia del gobierno y la labor de las personas que allí prestan sus servicios, realizando, y cito textualmente, un ejercicio de transparencia acorde con la democracia del siglo XXI.

Como tal documental se entiende que la obra tiene un carácter eminentemente informativo y didáctico, que intentará expresar la realidad de forma objetiva. De hecho, el convenio recoge como un principio básico el de objetividad y ausencia de carácter propagandístico. Habrá que confiar en que la vida del Presidente, de sus asesores y de los funcionarios de Moncloa no sea excesivamente aderezada con el “toque de creatividad y con la perspectiva de sus productores” que menciona el convenio, y en que la vida del Presidente no se acabe moldeando con cierta épica con tal de enganchar a los telespectadores y culminar el proyecto: grabar una segunda temporada.

No podemos negar que se trata de un género, el documental político, que es relativamente usual en otras democracias avanzadas. Es clásico el documental Primary, de los años sesenta, que narra las primarias en las que concurrío Kenedy , el documental de Barack Obama: Camino hacia el cambio o más recientemente el de Macron: el camino a la victoria, por citar tan solo algún ejemplo. Lo peculiar en nuestro caso es que se utiliza por vez primera la figura del convenio público para articular el documental y reflejar las obligaciones jurídicas de ambas partes.

Al jurista llama la atención que se haya recurrido a la firma de un convenio público entre la Administración y un sujeto privado (las dos productoras) porque este mecanismo está pensado fundamentalmente para la cooperación entre Administraciones y órganos públicos. Su utilización con sujetos privados, en la medida en que excluye las garantías de la ley de contratos del sector público, solo puede usarse si existe un motivo de utilidad pública que lo justifique. En este caso, el único pretexto sería el de la mejora de la transparencia de la actuación del Presidente.

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La transparencia, efectivamente, es lo que permite a los ciudadanos conocer lo que hacen sus políticos y fiscalizar la actividad pública. Solo con ella se puede lograr avanzar hacia una sociedad crítica y exigente ante la que respondan los poderes públicos y rindan cuentas de lo que hacen.

Ahora bien, ¿es realmente necesario dicho documental para conseguir la mencionada transparencia? Su elaboración es una decisión discrecional con la que se pretende conseguir la satisfacción de un interés público y en ese sentido tiene plena legitimidad democrática. Pero que nadie se llame a engaño. La verdadera transparencia puede y debe conseguirse a través de otros instrumentos que, además, resultan obligados por ley y tienen su correspondiente sistema de garantías.

La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013 (https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887) establece “obligaciones de publicidad activa”. Quiere ello decir que la Presidencia del Gobierno está jurídicamente obligada a hacer pública toda la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de toda su actividad pública. Por ello, ya existe una Web oficial del Presidente del Gobierno donde se da detallada cuenta de todas sus actividades, de su agenda, de sus funciones e incluso de sus discursos (https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx).

Pero, además, la ley garantiza a todas las personas un derecho de acceso a la información pública, lo que quiere decir que cualquier ciudadano puede dirigirse a la misma Secretaría que ahora acaba de firmar este convenio para solicitarle cualquier dato que desee conocer sobre la actividad del Presidente. Si la Administración no contesta o no da la información solicitada puede interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, antes de acudir a la vía judicial.

En este sentido pueden resultar sorprendentes las cifras sobre reclamaciones que se publican en el Boletín Estadístico del Portal de la Transparencia a Julio 2022. Desde la creación de este órgano hasta diciembre de 2021 se han presentado 3780 reclamaciones y han sido estimadas 1366, lo que quiere decir que todavía se cuentan por miles las solicitudes de información que son desatendidas por nuestros poderes públicos, lo que evidencia todavía un importante déficit de transparencia que el Documental no va a solucionar

(datos del https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b4c2acab-1510-496b-a4f6-0bc08d0838dd/2022_07_Boletin_Portal_en_cifras.pdf. Un buen ejemplo de ello ha sido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de septiembre de 2021, que ha condenado en costas a la Administración y ha declarado el derecho de la recurrente a que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno le proporcione la información que había solicitado sobre los viajes privados que el Presidente había realizado en el Falcon 900 durante los meses de enero a mayo de 2019.

En fin, ello nos puede dar una idea aproximada del importante camino que todavía nos queda por recorrer para avanzar hacia una verdadera cultura de transparencia, por mucho que el nuevo documental nos dé información sobre la actividad en la Moncloa.