El Informe del Ministerio del Interior sobre los delitos de odio
La firma de opinión del catedrático de Derecho Penal de la UCLM, Nicolás García Rivas

Nicolas Garcia Rivas

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El Informe del Ministerio del Interior sobre los delitos de odio
Albacete
El Ministro del Interior presentó ayer un Informe sobre los delitos de odio que refleja algunos datos que, presentados de una determinada manera, pueden provocar estupefacción. ¿Se han incrementado tanto en los últimos años como para pensar que nuestra sociedad se ha vuelto mucho más intolerante? Desde mi punto de vista, es dudoso que sea así. Me explico.
En primer lugar, conviene que todos sepan que la definición de los delitos de provocación al odio en nuestro Código Penal es tan extensa que casi cualquier insulto en el que se aluda a una minoría identificable (homosexuales, raza negra, gitana, judía, etc.) puede considerarse delito, castigado con hasta 4 años de prisión. Es claro que determinados atentados de raíz étnica en los que se ponga en peligro la integridad física de un grupo de personas por azuzar a sus vecinos contra ellos debe ser reprimido penalmente. Pero no lo es tanto que el simple exabrupto, el deplorable insulto, el menosprecio más o menos velado, debe reprimirse con pena de prisión. Entre la mala educación, los atisbos de una moral execrable y el Código Penal debe existir una distancia considerable, máxime si se quiere encarcelar al ciudadano moralmente despreciable. Por consiguiente, se haría muy bien en limitar la definición de esos delitos y circunscribirlos a conductas auténticamente peligrosas para los integrantes de una etnia, orientación sexual o cualquier otro factor de discriminación.
Pero también hay que advertir, en segundo lugar, de que este tipo de Informes deben ser realizados por auténticos especialistas en Criminología y el que ha presentado el Ministro dista mucho de serlo. NO se puede decir, sin más, que en el País Vasco estos delitos triplican la media nacional, como sostiene la página 42 del Informe. El rigor jurídico y criminológico exigiría añadir que el País Vasco se caracteriza por haberse preocupado hace años de aflorar este tipo de hechos y de facilitar a las victimas su denuncia, mediante programas de educación y sensibilización a la policía autonómica. En abril de este mismo año, un Informe elaborado por especialistas en Criminología de la Universidad del País Vasco analizaba en profundidad el problema y aportaba un análisis de datos de un rigor que está a años luz del Informe del Ministerio del Interior. Ahora que formamos especialistas en Criminología en Castilla-La Mancha, hay que reivindicar seriamente su trabajo y no dejar a personas menos formadas la elaboración de Informes carentes del necesario rigor.




